Transparencia en la Selección de Jueces y Eliminación de la Discrecionalidad
Uno de los ejes prioritarios planteados por Ricardo Gil Lavedra radica en la necesidad urgente de modificar el reglamento del concurso de selección de jueces. Actualmente, se denuncia una escandalosa alteración de los órdenes de mérito técnicos obtenidos en las evaluaciones escritas durante la fase de entrevistas personales. Esta práctica favorece el “amiguismo”, la arbitrariedad y las injerencias de la política partidaria, promoviendo a postulantes relegados en detrimento de los perfiles más capacitados. Frente a ello, la propuesta central consiste en dotar al proceso de pautas objetivas e inamovibles, garantizando que la idoneidad técnica sea el factor determinante para la conformación de las ternas remitidas al Poder Ejecutivo.
Régimen Disciplinario Eficiente y Rendición de Cuentas
Gil Lavedra y Lipera cuestionan severamente la “defensa corporativa” que predomina en el seno del Consejo, manifestada en un ejercicio prácticamente nulo de sus potestades disciplinarias. Las faltas graves de conducta, las dilaciones injustificadas en los procesos y diversas irregularidades funcionales suelen vencer por caducidad de plazos o resolverse mediante sanciones meramente simbólicas. Esta impunidad o laxitud socava de manera directa la legitimidad de la judicatura y la confianza de la ciudadanía. Para fortalecer la credibilidad del sistema judicial, se impulsa la aprobación de un Código de Ética estricto y la aplicación rigurosa del régimen de sanciones frente al mal desempeño.
Modernización, Auditoría Judicial y Tablero de Control de Gestión
Guillermo Lipera hace hincapié en la falta de transparencia en la gestión operativa y presupuestaria del Consejo de la Magistratura, un organismo que cuenta con más de mil empleados pero carece de estadísticas públicas claras sobre la carga real de trabajo de los juzgados, la duración promedio de los juicios o el destino final de sus recursos. Como solución integral, la lista propone la implementación de: Mecanismos de transparencia activa e innovaciones tecnológicas para la trazabilidad de los expedientes. Auditorías permanentes e independientes sobre la eficiencia operativa de los tribunales. Un Tablero de Control de Gestión público que visibilice indicadores clave de rendimiento, rompiendo con la histórica resistencia de ciertos sectores a ser auditados.
Equilibrio de Poderes, Licencias e Igualdad de Condiciones
El diseño constitucional emanado de la Reforma de 1994 buscó neutralizar la injerencia exclusivamente política en la designación de jueces, promoviendo una selección técnica e imparcial. No obstante, la dinámica actual exige devolver el equilibrio de estamentos. Para garantizar la paridad en el ejercicio del cargo dentro del Consejo, se sostiene que tanto los jueces como los legisladores que resulten electos como consejeros deberían solicitar licencia obligatoria en sus roles de origen. Ello evitaría que ejerzan la doble función simultánea y equipararía sus condiciones con las de los representantes de la abogacía, quienes deben suspender el ejercicio de la matrícula profesional durante su mandato.
Propuestas para la Reforma Normativa Institucional
Tras la invalidez dictaminada por la Corte Suprema sobre la Ley 26.080 y el consecuente retorno al esquema legal de 20 miembros, Gil Lavedra enfatiza que la estructura actual responde a un esquema provisorio o “parche”. Por ello, resulta indispensable promover una nueva ley marco debatida en el Congreso que defina con máxima precisión y consenso la integración definitiva del cuerpo, priorizando un perfil profesional y legal frente al estamento político.
La Propuesta Electoral del 20 de Octubre: Unidad e Integración Federal
La lista Unidad en Defensa de la Abogacía se presenta como una propuesta de alcance federal, respaldada por colegios profesionales y asociaciones de abogados de diversas provincias del país. Su nómina de candidatos se organiza de la siguiente manera: Candidatos Titulares: Alberto Biglieri, Claudia Sarmiento, Eduardo Bittar y Jaminka Mihaljevic. Candidatos Suplentes: Carlos Más Vélez, Ana O’Neill, Guillermo Lipera y Carolina Grillo. El objetivo electoral fijado es obtener tres de los lugares en disputa para los representantes del estamento de la abogacía, fortaleciendo una voz autónoma e independiente de las presiones partidarias.
Posicionamiento Institucional sobre el Estado de Derecho
En relación con la coyuntura jurídica nacional, Gil Lavedra catalogó como “abiertamente inconstitucional” el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 impulsado por el Poder Ejecutivo, cuestionando su formato ómnibus y la regulación de materias desprovistas de urgencia objetiva. Asimismo, advirtió que fallos recientes de la Corte Suprema sobre el tema generan incertidumbre institucional al omitir precisiones sobre la vigencia del marco normativo general.
En conclusión, el llamado a la votación masiva el próximo 20 de octubre busca empoderar al ejercicio profesional de la abogacía como garante fundamental de la independencia, transparencia y eficiencia del servicio de justicia.
