Un consenso parece dominar el encuentro: el rumbo macroeconómico—que incluye superávit fiscal, reducción de la inflación y fin del cepo—es el correcto, según afirmaron diversos empresarios. Sin embargo, las voces de quienes producen y comercializan en el mercado interno, que representan la mayoría de los asistentes a la UIA, reclaman que las mejoras macroeconómicas no se están traduciendo rápidamente en beneficios para la economía real, lo que intensificó la tensión durante la jornada.
Isaías Drajer, presidente de Elea, abrió el evento ofreciendo una visión de la industria farmacéutica nacional. Destacó que el sector invierte más de 300 millones de dólares anuales en modernización y generación de empleo, brindando trabajo directo a 48,000 personas y generando exportaciones que superan los 1,500 millones de dólares anuales. Elea, en particular, envía productos a más de 40 países, incluyendo Brasil y Colombia, y reporta un saldo positivo en divisas respecto a sus importaciones.
Drajer también señalo una paradoja: aunque el 75% de los medicamentos vendidos en el país proviene de laboratorios nacionales, su participación en términos de valor se reduce al 50%. Contrariamente, la industria extranjera captura una facturación considerable con solo el 25% de unidades comercializadas. “Sin industria no hay país”, parafraseó Drajer al expresidente Carlos Pellegrini, capturando así el espíritu del encuentro.
Desde el escenario, Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina, presentó su discurso en torno a la necesidad de un puente que conecte la economía que se deja atrás con la que se desea construir. Este puente se fundamenta en siete ejes: actividad y crédito, competitividad y costo argentino, competencia desleal, energía, morosidad, infraestructura y modernización laboral. El tema del contrabando fue el más contundente: Rappallini advirtió que en ciertos rubros, los productos ingresados irregularmente representan entre el 30% y el 50% del mercado, provocando una competencia desleal que perjudica la producción local. “Esto lejos está de ser libre mercado; es competencia desleal”, subrayó, añadiendo que “la industria le está poniendo el hombro en la estabilización.”
El entorno político del encuentro se vio marcado por los comentarios del presidente Milei en el Día de la Industria de 2024, donde se refirió a los industriales como “prebendarios” y “adictos al Estado”. En esta ocasión, la falta de asistencia de funcionarios relevantes, como el presidente y el ministro de Economía, quien se encontraba en el extranjero, fue notable. El vínculo entre el sector industrial y el Ministerio de Economía se mantiene principalmente a través de Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de la Producción. Los empresarios han expresado que se reúnen con él regularmente, pero los resultados concretos de estas interacciones han sido limitados.
Además, la tensión con el ministro Caputo se avivó tras comentarios del funcionario que tildó a quienes discuten sobre la industria como “tarados”, una expresión que resonó entre los empresarios durante el evento.
Fuera del escenario, las conversaciones fueron más directas: la mayoría de los industriales expresaron su apoyo a los fundamentos del modelo actual, pero también una creciente frustración por la falta de beneficios tangibles para la economía real. “El Gobierno va a morir con las botas puestas. No esperamos reacción”, expresó un empresario. Otro subrayó la urgencia de la situación: “Los sueldos los tenemos que pagar ahora. No hay tiempo para esperar una mejora”.
Algunos asistentes compararon la situación actual con la crisis del 2001, señalando problemas en la cadena de suministro, cheques rechazados y crecientes dificultades para mantener las operaciones. “Estamos como en 2001”, comentó un participante sobre los efectos de la presión en la cadena de suministro debido a concursos y quiebras de empresas proveedoras.
El tema de la morosidad empresarial surgió como uno de los más urgentes, con varios referentes sugiriendo que el Gobierno no tiene intenciones de realizar cambios en este sentido. Algunos representantes reconocieron que han mantenido reuniones con la agencia de recaudación para minimizar las órdenes de embargo, lo cual agobia a empresas que intentan superar sus dificultades financieras.
El consumo fue otra preocupación latente: “No se vende nada, ni lo importado ni lo nacional”, resumió un industrial. La caída en la demanda interna ha sido objeto de quejas sin reconocimiento oficial, lo que generó descontento entre los empresarios.
La inquietud por el contrabando fue prominente: “Es un colador”, coincidieron y señalaron que entran al país contenedores con mercadería subfacturada que compite con la producción local, lo que deprime los precios en sectores donde los productos irregulares ya representan entre el 30% y el 50% del mercado, según estimaciones mencionadas durante el encuentro.
En medio de este panorama sombrío, surgió la idea de implementar un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) específico para el sector de la construcción. Los industriales lo describieron como una medida que podría estimular una cadena con un alto impacto en el empleo y un efecto positivo sobre proveedores de materiales y servicios. Aunque esta propuesta aún no tiene forma oficial, fue planteada como una de las pocas posibilidades de reactivación a corto plazo.
“El sector industrial genera clase media. Se está destruyendo el entramado productivo. Hay que cambiar el modelo”, concluyó un empresario al final del evento. Rappallini, desde el escenario, expresó un sentimiento similar al afirmar: “Lo que hoy estamos discutiendo es qué país queremos construir para los próximos 30 años.”
