El caso está a cargo del juez en lo penal económico Pablo Yadarola y el fiscal Emilio Guerberoff, y los allanamientos fueron ejecutados por el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Departamento de Investigaciones Especiales, según fuentes judiciales.
Entre los allanados se encuentra Maximiliano Palermo, un representante de jugadores de casino conocido por haber llevado a numerosos futbolistas y periodistas deportivos a Las Vegas. Algunos de estos, como Norberto Ortega Sánchez, Sergio Berti, Sergio Zárate y José Flores, enfrentaron deudas considerables tras sus excursiones a los casinos. También, el periodista Enrique “Quique” Felman pasó 13 días detenido en Miami antes de poder cancelar su deuda.
Palermo tiene una financiera en la intersección de Malabia y Corrientes, que fue objeto de los allanamientos. “Esto viene de una causa en EE.UU. con defraudaciones al fisco americano. Tenemos mucha documentación, escuchas”, señalaron fuentes judiciales. “Los allanamientos fueron exitosos”, añadieron. La investigación se lleva a cabo bajo estricto secreto judicial y aborda el contrabando de divisas, evasión fiscal, incumplimiento del régimen penal cambiario, asociación ilícita y lavado de activos.
Según las declaraciones de las fuentes, el caso deriva de una indagación abierta en la justicia federal estadounidense, la cual identificó una operación internacional que facilitó el movimiento de grandes sumas de dólares fuera de Argentina durante el cepo. Estas maniobras involucraron significativos montos en negro que fueron canalizados a través de cuevas en varios países, parte de los cuales se legitimaban en un casino de Las Vegas. Juan Carlos Palermo, padre de Maximiliano, alcanzó un acuerdo con las autoridades estadounidenses y proporcionó información valiosa sobre el circuito en cuestión.
Este expediente, con el número 22-cr-00859, señala que Juan Carlos Palermo firmó un acuerdo judicial de culpabilidad relacionado con el lavado internacional de dinero. El documento central del proceso, conocido como un plea and deferred prosecution agreement, incluye una descripción del funcionamiento del circuito investigado, la cual fue aceptada por el propio acusado. En esa narrativa se hace referencia a Argentina y a las limitaciones cambiarias que prevalecieron durante esos años, indicando que parte del sistema funcionaba para “eludir la”.
