Este martes, la Universidad de Buenos Aires (UBA) solicitó que la Corte actúe “a la mayor brevedad posible” y que valide la cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la Recomposición del Salario.
La medida cautelar fue dictada inicialmente por el juez de primera instancia Martín Cormick y posteriormente confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Sin embargo, no está vigente debido a que el Gobierno interpuso un recurso extraordinario, lo que permitió que el caso llegara a la Corte.
Mientras se espera esta deliberación, Cormick suspendió la ejecución de su orden cautelar hasta que la Corte tome una decisión.
En este contexto, las tres instancias judiciales tienen acciones pendientes. Cormick debe pronunciarse sobre el fondo del amparo, lo que implica decidir si se exige al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la mencionada ley; mientras tanto, la Corte estudia la solicitud del Gobierno para que se anule la cautelar y la Cámara de Apelaciones ha recibido una solicitud de las universidades para que revise la suspensión impuesta por Cormick.
Pablo Manili, abogado constitucionalista que representa al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), comentó que la Cámara debe restablecer la cautelar, ya que la legislación estipula que una sentencia de primera instancia ratificada por la Cámara debe ejecutarse, independientemente de que la Corte esté revisando un recurso extraordinario.
La referencia legal citada por las universidades es el artículo 258 del Código Civil y Comercial, que establece que si una sentencia de la Cámara ‘fuese confirmatoria de la dictada en primera instancia’, se puede solicitar la ejecución de esta última, siempre que se presente una fianza para responder en caso de que la Corte Suprema anule el fallo.
“El 258 es categórico: tienen que darle luz verde al incidente de ejecución de la cautelar”, expresó Manili. En el supuesto de que la Cámara actúe conforme a lo que plantea el abogado, la medida cautelar podría entrar en vigor inmediatamente sin necesidad de esperar el dictamen de la Corte Suprema.
Las universidades manifiestan su descontento con la estrategia del Gobierno de prolongar el proceso, y critican que este haya recusado a todos los jueces, incluyendo a los tres ministros de la Corte Suprema, quienes deberán abordar estas recusaciones antes de decidir sobre el futuro de la cautelar.
“Es la primera vez en la historia que un gobierno litiga en contra de las universidades para evitar cumplir con una ley”, agregó Manili.
A pesar de ello, las universidades valoran que la Corte haya aceptado formalmente el expediente con una rápida resolución, que simplemente dice ‘Autos’.
