Vizzotti, quien estuvo en el cargo entre 2021 y 2023 tras la renuncia de Ginés González García en medio del escándalo del “Vacunatorio VIP”, destacó que sus responsabilidades estaban limitadas a cuestiones sanitarias, técnicas y epidemiológicas, centrándose en el análisis de información científica, la evaluación de plataformas de vacunas, y la logística de distribución y estrategias de implementación.
A mediados de 2020, se evidenció la necesidad de contar con un marco legal que permitiera al Estado negociar y firmar contratos de compra de vacunas, en un contexto marcado por una elevada demanda. “La Ley N.º 27.573 fue creada para atender esa necesidad excepcional. Con su sanción, se reiniciaron las negociaciones con distintos desarrolladores para verificar si el nuevo marco legal permitía avanzar con las compras”, indicó Vizzotti.
Esto habilitó el progreso con los expedientes de laboratorios vinculados a vacunas de AstraZeneca, la Federación Rusa y fabricantes chinos, dado que la ley sancionada resultaba suficiente para continuar los procesos de contratación. Sin embargo, en el caso de Pfizer, “la firma manifestó que, habiendo transcurrido el plazo en que el Poder Ejecutivo podía observar la norma, la ley sancionada no cumplía con ciertos requisitos jurídicos que eran parte de su política contractual global, algo que los representantes de la compañía reconocieron públicamente”, apuntó.
El conflicto radicaba en la inclusión del término ‘negligencia’ en el texto de la ley y su implicancia frente a potenciales reclamos, así como su relación con bienes con inmunidad soberana, según subrayó Vizzotti. En el debate en Diputados, la diputada Cecilia Moreau fue una de las que promovió la inclusión de este término, que, según la acusación, complicó las negociaciones con Pfizer.
En su escrito, Vizzotti mencionó que González García, en su rol de ministro, solicitó el apoyo de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y de otras áreas especializadas para explorar soluciones normativas que permitieran continuar las negociaciones. Agregó que, durante la discusión de la ley en el Congreso, hubo intercambios constantes entre las áreas del Ministerio, los representantes de la empresa y la Secretaría Legal y Técnica.
El fiscal Stornelli impulsó la denuncia de un grupo de diputados que pertenecieron a una coalición opositora, acusando a Vizzotti y otros de buscar beneficios personales o de terceros en sus funciones públicas, en el contexto de las negociaciones sobre las vacunas. Stornelli también habló sobre una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” en el manejo de la pandemia.
Desde mediados de 2020, Pfizer ofreció 13,3 millones de dosis y el fondo Covax, 25 millones. Aun así, “existió un claro favoritismo hacia laboratorios locales que actuaron como ‘socios locales’, a quienes se les dio prioridad en las autorizaciones de venta sobre otros laboratorios”, argumentó Stornelli.
Los denunciantes incluyen a varios diputados que señalaron la relación de Hugo Sigman, propietario de mAbxience, con el consorcio internacional de AstraZeneca, destacando que el Gobierno habría pagado anticipadamente por 11 millones de dosis, aunque hasta la denuncia no se habían entregado las vacunas. En relación a las vacunas de Sinopharm, la figura de Sigman también aparece, ya que, como titular de la empresa ELEA, se asoció con Phoenix SRL y la Fundación Huésped para realizar pruebas y representar a estas vacunas en el país.
