La investigación, que aborda graves delitos como grooming, abuso sexual con acceso carnal y prostitución infantil, ha salpicado a al menos cuatro menores de edad de esa localidad del norte cordobés. La trama se destapó a comienzos de agosto, cuando se identificó al asesor legislativo José Aníbal Ricardo Villarreal —quien estaba en la nómina vinculada a Flores— como uno de los imputados. Desde entonces, la causa no ha dejado de crecer: la fiscal Analía Cepede confirmó hasta ahora 14 detenidos, uno de los cuales continúa prófugo, y no descartó que se produzcan nuevas detenciones o que surjan más víctimas.
En este contexto, Vigo, esposa del exgobernador Juan Schiaretti y figura relevante del Partido Justicialista provincial, fue tajante en sus declaraciones a medios locales: “Hoy el legislador, por lo pronto, tendría que renunciar porque le toca directamente a él, porque ha sido parte de su staff”. Además, la senadora subrayó que hablaba a título personal y reclamó que se revisen los mecanismos de contratación de asesores en el ámbito legislativo.
“Es la política la que tiene que dar ese paso”, afirmó, enfatizando la necesidad de redefinir “cuáles son los requisitos para que uno pueda incorporar un asesor”. Para ella, el debate se vuelve crucial, dado que la Legislatura actúa como la “caja de resonancia de la política” y tiene entre sus funciones la elaboración de leyes.
No obstante, Vigo no es la única voz crítica dentro del oficialismo. El miércoles pasado, la Unicameral aprobó, por una votación de 34 a 31, la licencia de seis meses sin goce de sueldo solicitada por Flores, con el respaldo de la aliada Karina Bruno. Sin embargo, esta decisión dejó un sabor amargo en diversos sectores dentro del propio peronismo.
En el entorno del gobernador Martín Llaryora, coexisten opiniones diversas: algunos creen que el asunto es estrictamente judicial, mientras que otros consideran que Flores debería renunciar por la condena social que enfrenta, aunque no tenga causas penales en su contra. Se han filtrado rumores, recogidos por medios locales, que sugieren que el legislador podría presentar su renuncia en los próximos días.
El bloque oficialista también respaldó el pedido de licencia, aunque se opuso a la exclusión. “Ha solicitado una licencia sin goce de sueldo por causas que son de público conocimiento. Como bloque, vamos a votar a favor”, explicó el legislador Luis Leonardo Limia en diálogo con medios, antes de la votación.
En el seno del bloque peronista, las posturas se encuentran fragmentadas. Las legisladoras del justicialismo fueron particularmente críticas: algunas advirtieron a la oposición que la causa “les repugna” y que no toleran la continuidad de Flores, aun contando con una licencia. Los más moderados, en cambio, defendieron la licencia como un alejamiento temporal y recordaron que Flores no cuenta con una imputación formal.
La controversia también ha impactado en Ariel Alejandro Rodríguez, otro exasesor de Flores que continuó contratado hasta el 13 de agosto, a pesar de haber sido condenado por usurpación y peculado. Ambos colaboradores fueron desvinculados de la Legislatura tras la revelación del escándalo. Según trascendió, algunos de los abusos investigados habrían tenido lugar en un campo que pertenece al legislador, un detalle que ha abierto dudas sobre su posible conocimiento de los hechos, aunque hasta este momento no existe una acusación penal en su contra.
Desde la oposición, la postura ha sido más contundente. Antes de la sesión, varios bloques ya habían anticipado que no aceptarían la licencia y presentarían un proyecto de expulsión definitiva. Esta iniciativa se fundamenta en el artículo 99 de la Constitución Provincial, argumentando la causal de “indignidad” y deshonra de conducta en el ejercicio de sus funciones. La legisladora radical Daniela Gudiño cuestionó con firmeza el rol del oficialismo y observó que la situación es insostenible para el cuerpo legislativo.
Tras la aprobación de la licencia, la también radical Brenda Austin fue aún más directa en sus críticas: “El peronismo, casi en soledad, votó una licencia que es una señal de impunidad y de protección política”, afirmó en declaraciones a medios. Austin sostuvo que el respaldo al pedido convierte al oficialismo en “corresponsable” de la situación que afronta la comunidad de Villa María del Río Seco y anunció que el bloque insistirá con el proyecto de exclusión, aunque reconoció que, en principio, la oposición no contaría con los votos necesarios para su aprobación.
El caso cobró notoriedad pública el 1 de julio, cuando la madre de una adolescente de 14 años denunció su desaparición. La geolocalización del teléfono de la menor llevó a los investigadores hacia Sumampa, en la provincia de Santiago del Estero, donde la encontraron junto a otra menor de la misma edad en una propiedad privada. Ambas fueron trasladadas al Polo de la Mujer y del Niño en Córdoba para recibir atención médica y psicológica. A partir de este descubrimiento, la fiscal Cepede amplió la investigación hacia los hechos de abuso y grooming ocurridos en Villa María del Río Seco.
Entre los detenidos se encuentran remiseros, choferes de aplicaciones irregulares, un oficial en activo de la División Moto Zona Norte de Córdoba —imputado solo por grooming—, así como Villarreal, el exasesor legislativo que enfrenta las acusaciones más graves, que incluyen abuso sexual con acceso carnal y presunta participación en el traslado y sometimiento de las víctimas. Flores reconoció que Villarreal realizaba tareas junto a él, aunque hizo hincapié en que pertenecía a la nómina del bloque y no a su equipo personal, y que solicitó su baja tras enterarse de la detención. Según sus palabras, se habría enterado de la situación a través de diferentes medios.
El expediente también incorpora un testimonio que amplía el marco temporal de los eventos: una mujer identificada como Marfa, primera víctima de Villarreal según su propio relato, denunció haber sufrido maltratos desde los dos años y hasta los 16, cuando logró escapar de su agresor. Desde un hospital donde se encuentra internada por una grave enfermedad, declaró ante los medios: “Me trataban mal, me pegaban con látigos, con alambre, me violaban y un montón de cosas me hacían”. Realizó una denuncia formal en 2021, respaldada por su pareja. Tras conocer la detención de su agresor, expresó: “Por fin se hizo justicia después de muchos años”.
La investigación continúa en fase de instrucción, con pericias en curso sobre teléfonos, comunicaciones y movimientos. La fiscal Cepede no descartó que puedan surgir nuevos imputados o que se presenten más víctimas. El lugar de Flores en la Unicameral ha sido ocupado provisionalmente por Estrella María Benchetrit, quien ya lo había reemplazado durante una licencia anterior en 2025.
