Cristina Kirchner se encuentra presa desde hace un año tras la orden de detención emitida por el Tribunal Oral Federal 2, horas después de que la Corte Suprema ratificara su condena dentro del caso Vialidad. En su rol como presidenta, fue hallada culpable de priorizar intereses personales y favorecer a Lázaro Báez en un circuito irregular de obra pública, beneficiándolo con 51 licitaciones adulteradas que presentaban un sobreprecio promedio del 66%.
Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu sostuvieron que las pruebas presentadas durante el juicio eran suficientes para mantener la acusación por administración fraudulenta, aunque rechazaron la imputación por asociación ilícita, lo que llevó el caso ante la Corte Suprema.
El 10 de junio de 2025, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, confirmaron unánimemente la acusación, convirtiendo a Cristina Kirchner en la primera ex presidenta en recibir una sentencia firme por corrupción.
Luego de esa decisión, se activaron los procesos judiciales pertinentes. La ex mandataria se encuentra en un departamento bajo arresto domiciliario, cumpliendo su condena hasta el 3 de junio de 2031. En junio de 2029, podrá solicitar la libertad condicional, aún faltando más de mil días de prisión.
Junto a la privación de libertad, la condena conlleva la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos y el decomiso de bienes obtenidos a través de la actividad delictiva. Este proceso de recuperación debe incluir la restitución de lo que se sustrajo durante los doce años de la maniobra.
Inmediatamente después de la confirmación de la Corte, se actualizó el monto del fraude: se determinó que el daño al Estado asciende a 684.990.350.139,86 pesos, cifra que debe compartirse entre los nueve condenados.
Sin embargo, un año después de la ratificación del fallo, no se ha podido avanzar en la recuperación de esos fondos debido a los recursos presentados por las defensas. Desde el 18 de noviembre, cuando el Tribunal comenzó a avanzar sobre un listado de 111 bienes, las apelaciones han seguido para detener el proceso.
Este año ocurrieron dos resoluciones clave: en febrero, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que todos los bienes adquiridos entre 2003 y 2015 pueden ser objeto de decomiso. Esta medida afectaría propiedades y empresas que Kirchner cedió a sus hijos en 2016. A pesar de los gestos de la defensa, la Corte reafirmó que se debe iniciar el proceso de ejecución patrimonial para recuperar lo que fue definido como fraude.
La decisión final de la Corte ante las apelaciones de la ex presidenta es de suma importancia, ya que podría determinar si se avanza en la ejecución patrimonial o si se espera su queja. En base a un acuerdo posterior al fallo de Vialidad, la Corte asumirá la responsabilidad de los bienes confiscados, decidiendo sobre su destino: subastas, cesiones a organismos estatales o utilización en el sistema judicial.
Asimismo, el fallo del máximo tribunal refuerza el respaldo a los miembros del Poder Judicial que intervinieron en el caso, destacándose el esfuerzo conjunto de 16 jueces y fiscales a lo largo del proceso. Este fallo se considera emblemático porque confirma que se trató de una maniobra estructurada a lo largo de la gestión de doce años, con la obra pública monopolizada por actores del Estado.
Con la ex presidenta cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario y bajo la vigilancia de una tobillera electrónica, el primer aniversario de su encarcelamiento deja varias interrogantes sobre el futuro del desfalcó: ¿cuándo se hará efectivo el decomiso de bienes? ¿Podrá la justicia recuperar la totalidad de los fondos malversados?
