Esta iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo, ahora se encuentra lista para su discusión en el Senado.
El “Súper RIGI” introduce una serie de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios dirigidos a nuevas actividades económicas. Entre sus propuestas se incluyen beneficios tributarios, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y un tipo reducido del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
Asimismo, garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a las exportaciones; determina un límite máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias que adhieran y prohíbe la aplicación de tasas municipales calculadas sobre las ventas. Al igual que el RIGI, el nuevo régimen asegura estabilidad regulatoria por un período de 30 años.
Los bloques oficialistas y aliados que apoyaron esta iniciativa incluyen a La Libertad Avanza, PRO, UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Adelante Buenos Aires, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento de Integración y Desarrollo, así como a diversos partidos provinciales.
La Libertad Avanza (93):
PRO (12):
UCR (6):
Innovación Federal:
Adelante Buenos Aires (ex UCR):
Independencia (3) -Tucumán-:
Producción y Trabajo (2) -San Juan-:
La Neuquinidad (1) -Neuquén-:
Movimiento de Integración y Desarrollo (2):
Por Santa Cruz (1):
Las siete abstenciones provinieron de los siguientes legisladores:
Provincias Unidas (5):
Elijo Catamarca (2):
La oposición, compuesta en su mayoría por Unión por la Patria, PTS-Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Partido Obrero en el marco del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Provincias Unidas, Defendamos Córdoba, Coherencia y otros bloques, expresó su desacuerdo.
Las críticas se centraron en el impacto que tendrán las medidas sobre los recursos del Estado, que dejarán de percibirse para favorecer a grandes empresas que no, según argumentan, requieren de tales incentivos.
Además, enfatizaron que el país podría perder soberanía al permitir que las compañías que se acogen a este régimen decidan en qué tribunales internacionales se resolverán posibles disputas.
