Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, cuestionó la postura del Ejecutivo, afirmando que busca posponer la aplicación de una norma que ya fue sancionada y respaldada por el Congreso. “El Gobierno tomó una decisión política que es desobedecer lo que el Poder Legislativo hizo”, dijo el entrevistado.
El dirigente gremial subrayó que la decisión judicial validó la constitucionalidad de la ley y criticó el método utilizado para frenar su implementación. Según su análisis, el Ejecutivo recurre a apelaciones como forma de evadir resoluciones de otros poderes del Estado. Cagnacci insistió en que el fallo judicial dejó claro que el Gobierno debe cumplir con la ley, señalando que “la justicia le dice al Gobierno que la ley es constitucional”.
Desde la administración oficial, se sostiene que la norma conlleva gastos no contemplados en el presupuesto, apuntando a que el Congreso debería definir la fuente de financiamiento. En respuesta, Cagnacci recordó que la Jefatura de Gabinete tiene la capacidad de reasignar partidas cuando la legislación implica nuevas obligaciones. “El planteo del Gobierno es aprobar una ley y yo no sé de dónde sacar la plata”, resumió, añadiendo que la judicatura rechazó esa postura al considerar que la reasignación de recursos es parte de las facultades del Poder Ejecutivo.
El sindicalista situó el debate en el marco de las prioridades de gestión del Gobierno. “Plata hay. Lo que no está claro son las prioridades que tiene el Gobierno para administrar esa plata”, sostuvo.
Cagnacci también criticó el incumplimiento de un acuerdo paritario firmado el 10 de junio entre el Gobierno Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones gremiales. Acuerdo que incluía un aumento salarial del 24,3% en dos tramos, además de un incremento del 20% para los gastos operativos de las universidades y una asignación de $50.000 millones para los hospitales universitarios. “El Gobierno nacional firmó ese acuerdo y no lo cumplió”, enfatizó.
De acuerdo con datos proporcionados por el dirigente, un profesor titular con dedicación exclusiva supera apenas la canasta básica de pobreza, mientras que un jefe de trabajos prácticos con diez años de antigüedad recibe menos de $500.000 netos, cifra que representa el ingreso promedio en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cagnacci subrayó que un médico residente del Hospital de Clínicas gana $1.200.000 netos y que el personal administrativo en la categoría inicial percibe cerca de $800.000. También cuestionó la cantidad que se asigna a la beca Progresar, fijada en $35.000 antes de impuestos, para estudiantes que requieren apoyo económico. “La respuesta es fácil, es no”, respondió ante la pregunta de si esa suma es suficiente para un estudiante universitario.
El debate sobre el presupuesto continuó con Cagnacci mencionando los recursos destinados a los hospitales universitarios en comparación con otras decisiones fiscales. Mencionó que el Congreso aprobó $80.000 millones para estos centros, mientras que una exención impositiva a una empresa significó una pérdida de $140.000 millones para el Estado. Además, señaló que la reducción temporal de retenciones al sector agropecuario provocó una caída en la recaudación de entre USD 1.600 millones y USD 1.800 millones en cuatro días, montante que equivaldría al presupuesto anual completo de la UBA.
El secretario general alertó sobre el proyecto presupuestario del Gobierno, que prevé una inversión de apenas el 0,53% del PBI para las universidades, el nivel más bajo desde 2001. Rectores y rectoras de instituciones de todo el país planean reunirse en Plaza de Mayo a las 14.30, desde donde convocarán a una marcha hacia el Congreso. Esta manifestación en defensa de la educación pública universitaria está programada para el 15 de octubre a las 13.30 horas.
