Ante esta situación, la Prefectura Naval Argentina ha comenzado a emitir intimaciones individuales a los profesionales habilitados, instándolos a reanudar inmediatamente sus actividades. La Prefectura argumenta que el servicio de practicaje es un servicio público regulado por la Ley de Navegación y que la interrupción de esta tarea podría llevar a denuncias penales y sanciones administrativas.
La medida adoptada por los profesionales tiene el potencial de impactar significativamente en un aspecto crucial del comercio exterior argentino. Los prácticos son los especialistas que guían a los capitanes durante las maniobras de entrada y salida de buques en ríos, canales y puertos, lo cual es obligatorio en muchas zonas de navegación comercial, dada la complejidad de la Hidrovía y los accesos portuarios del país.
El decreto, firmado por el presidente, forma parte de una estrategia del Gobierno para disminuir lo que se conoce como “costo argentino”, eliminando regulaciones que, a juicio del Ejecutivo, limitan la competencia y aumentan los costos operativos.
La nueva reglamentación reemplaza un sistema vigente desde 1991 y elimina varios requisitos que el Gobierno considera obsoletos. Incluye la creación de un registro abierto de prácticos habilitados bajo la supervisión de la Prefectura, permite a los usuarios elegir libremente a sus prestadores, elimina las limitaciones para la incorporación de nuevos profesionales, establece que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) determine tarifas máximas y obliga a la publicación de precios para fomentar la competencia.
Además, la norma suprime la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico en un mismo trayecto, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos profesionales, amplía las excepciones para ciertos buques que no necesitan contratar el servicio y establece mecanismos para asegurar la continuidad de la actividad en situaciones excepcionales.
El ministro, al anunciar la reforma, expresó: “La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”. Según el funcionario, el sistema anterior había creado barreras para nuevos prestadores, limitando la competencia y aumentando los costos logísticos en el comercio exterior.
No obstante, la implementación del decreto generó una reacción inmediata entre los profesionales afectados. Fuentes del sector indican que han decidido dejar de ofrecer sus servicios a bordo de cualquier buque argentino o extranjero que demande su asistencia, y esto entraría en vigencia desde este domingo y por tiempo indeterminado, hasta que la administración susponga el Decreto 690/2026.
Estas fuentes sostienen que las modificaciones a la normativa afectan aspectos críticos para la seguridad en la navegación. Entre las principales inquietudes se incluyen la ampliación de exenciones al uso obligatorio de prácticos, la posibilidad de que ciertos capitanes extranjeros demuestren su conocimiento de la zona mediante una declaración jurada para navegar sin la asistencia de un práctico, y cambios en las condiciones para el embarque y desembarque de estos profesionales.
Además, han adelantado su intención de presentar una denuncia penal contra los funcionarios responsables del decreto, argumentando que la nueva regulación compromete la seguridad de la navegación.
El conflicto ya ha comenzado a manifestar sus primeras consecuencias en la actividad portuaria. Se ha informado que una maniobra necesaria para el buque de transporte pesado White Marlin, vinculado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur, debió ser suspendida. La embarcación optó por permanecer anclada fuera del puerto ante la falta de un práctico para su ingreso, lo que ha retrasado el inicio de operaciones programadas para el tendido de infraestructura submarina.
En las intimaciones emitidas, la Prefectura subraya que el servicio de practicaje es un servicio público regulado por la legislación vigente y exige a cada profesional reanudar sus servicios “sin condicionamiento alguno”.
El documento también menciona que la autoridad marítima actuará de oficio ante incumplimientos, impulsando denuncias penales y gestionando sumarios administrativos. Se asegura que se garantizan las condiciones de seguridad necesarias para las operaciones de traslado, embarque y desembarque de los prácticos. Asimismo, la intimación advierte que cualquier acción destinada a interrumpir el servicio podría ser tipificada como un delito contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte, con penas que varían entre dos y ocho años de prisión para aquellos que pongan en riesgo la seguridad de una nave.
Este enfrentamiento abre un nuevo capítulo para la estrategia de desregulación del Gobierno. Aunque se sostiene que la reforma tiene como objetivo reducir costos logísticos y aumentar la competencia en el comercio exterior, la respuesta de los profesionales ha manifestado su intención de obstaculizar su aplicación, lo que ya está impactando en las operaciones de los puertos argentinos.
