El comunicado oficial, firmado por el presidente Javier Milei, señala que los nuevos sumarios abordan supuestas infracciones al artículo 2° de la Ley N° 26.659, dado que los involucrados están “involucrados en el desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas” en la plataforma continental argentina, específicamente en la zona de las Islas Malvinas.
“Este avance es un nuevo paso en la misma dirección. La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía. Cada expediente que se abre es una continuación de esa convicción: las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos, y nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país”, afirmó el Ejecutivo.
Además, el comunicado destacó que la extensión de los procedimientos es parte de “un trabajo sostenido de identificación de todos los actores involucrados” y anticipó que el Gobierno “seguirá avanzando” en esta tarea, con nuevos sumarios en desarrollo.
Estas acciones forman parte del conjunto de medidas que Milei presentó el jueves en cadena nacional, orientadas a frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, operado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, quienes cuentan con licencias otorgadas por las autoridades isleñas, las cuales no son reconocidas por Argentina.
En este sentido, el canciller Pablo Quirno presentó este lunes una denuncia penal contra cinco compañías —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.— por operar con licencias consideradas ilegítimas por el Gobierno argentino.
El Estado argentino reafirma su compromiso de emplear todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su disposición para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía asuman las consecuencias de sus acciones, concluyó el comunicado del Presidente.
La decisión fue tomada tras una reunión de la mesa política del Gobierno, donde se decidió presentar la próxima semana ante la Cámara de Diputados la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, además de avanzar en las gestiones para la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
El proyecto, según lo expuesto por Milei, persigue tres objetivos fundamentales: endurecer las sanciones de la Ley 26.659 contra las empresas—y sus proveedores— que operen sin autorización en las islas, habilitando en los casos correspondientes el juicio en ausencia; crear un Consejo de Seguridad Nacional que integre a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, y dotar a ese organismo de herramientas económicas y diplomáticas para reaccionar ante amenazas de actores estatales o no estatales.
