La denuncia menciona a María Florencia Zicavo, ex jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y actual síndica general del PAMI; Juan Cruz Montero, ex subsecretario de Gestión Administrativa y actual coordinador ejecutivo del PAMI; el abogado Danilo Sergio Montevidoni; Emilio Zicavo, entre otros individuos que podrían ser identificados durante la instrucción que llevará a cabo el juez Julián Ercolini.
El núcleo de la acusación se centra en el método utilizado para desvincular al personal contratado a través del ente cooperador ACARA. Según el texto, aunque la normativa estipulaba que las extinciones de la relación laboral debían formalizarse mediante escritura pública ante un escribano, en la práctica se habrían realizado homologaciones masivas ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).
Esta práctica, se indica en el escrito, habría llevado a la facturación y percepción de honorarios profesionales no previstos en la resolución oficial. Además, se han incorporado testimonios que afirman que numerosos trabajadores habrían sido representados por un único abogado, que no habría sido seleccionado de manera voluntaria y directa.
El documento también plantea presuntos vínculos societarios y relaciones profesionales entre algunos de los acusados. Asimismo, critica la falta de respuesta oficial a reiterados requerimientos de acceso a la información pública sobre los detalles y montos del plan de desvinculaciones, mencionando además una resolución judicial anterior que ordenó al Ministerio la entrega de dicha información.
Por otro lado, el denunciante ha solicitado la evaluación de supuestas inconsistencias patrimoniales y el uso injustificado de un vehículo que figura a nombre de una empresa contratista del Estado Nacional.
Entre las posibles infracciones que se investigarán, el denunciante ha clasificado las conductas como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes del funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito e irregularidades en las declaraciones juradas patrimoniales.
Finalmente, se aclara que los hechos expuestos constituyen meras hipótesis que serán investigadas por el Ministerio Público Fiscal y el juzgado correspondiente, sin que ello implique afirmaciones categóricas de culpabilidad.
