La causa por la mansión de Pilar, evaluada en cerca de 20 millones de dólares por peritos oficiales y cuyo dueño formal es Luciano Pantano, junto a su madre Ana Conte, quienes son considerados presuntos testaferros de Pablo Toviggino, ya ha pasado por las manos de cuatro jueces: Daniel Rafecas, Marcelo Aguinsky, Adrián González Charvay y actualmente Verónica Straccia, del fuero Penal Económico.
Durante la feria judicial, Straccia, quien cuenta con un sólido historial, decidió delegar la causa en el fiscal Claudio Navas Rial, quien anteriormente había impulsado el caso por evasión que afecta a Tapia y Toviggino. En un contexto de sigilo, el fiscal avanzó con algunas pruebas que habían estado estancadas por el cambio de juez. Este proceso se prolongó más de lo que se esperaba, a pesar de que el tribunal penal había solicitado que se actuara de forma “urgente”. Aún así, ninguna medida tiene el potencial de alterar el rumbo de la investigación. “Están en modo avión, nadie quiere mover nada hasta que decida Casación”, comentó un abogado que sigue de cerca todas las causas.
El tribunal, conformado por Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, ha citado a una audiencia para este miércoles 12, donde los abogados de Pantano y el fiscal Mario Villar presentarán sus argumentos por escrito. Después de ese trámite, los jueces tendrán un plazo de veinte días para deliberar, aunque se espera que la resolución llegue antes.
El motivo de la nueva discusión sobre la competencia radica en que los defensores de los acusados de Toviggino han presentado un recurso que fue respaldado por Borinsky y Barroetaveña. Ahora, los jueces deberán decidir si el caso permanece en el fuero Penal Económico o si regresan al juez federal de Campana, quien no ha tomado decisiones significativas y llegó a anular información de un pen drive que contenía evidencias cruciales sobre el manejo financiero de la AFA. Hace dos meses, la misma Sala de Casación, con otra conformación pero con el voto de Borinsky, había dado potestad a la Cámara Penal Económico. Este tribunal se mostró bastante crítico con el desempeño de González Charvay.
El juez de Campana ha utilizado la causa de la mansión para absorber otros casos relacionados con la AFA, salvo uno que está a cargo de la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi en el fuero penal ordinario, que reúne pruebas provenientes de Estados Unidos. Este último expediente contiene más de 3000 páginas con numerosas transferencias realizadas por la empresa TourProdEnter, autorizadas por Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.
La “calesita” de apelaciones se mantiene activa. Actualmente, en los Tribunales se desarrolla otra lucha en relación a un expediente originado en Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón solicitó la detención e inhibición de bienes de Tapia y Toviggino por presunta asociación ilícita y lavado de dinero. Esta semana, el juez Diego Amarante, responsable del procesamiento de ambos dirigentes, desestimó un planteo de González Charvay, quien sigue firme en su posición. Esta disputa también llegará a Casación. Amarante comentó que es una “ficción” afirmar que la sede de la AFA está en Pilar, en un terreno deshabitado con una carpa, para justificar la competencia del juzgado de Campana, dado que la sede original de la organización se localiza en la Capital Federal.
Los abogados de la AFA sostienen que las causas locales están “controladas” y solo prestan atención al proceso en Miami. Este expediente es altamente reservado, especialmente tras la filtración sobre una citación a un testigo que no se presentó. La divulgación pública de la “subpoena” generó un “profundo malestar” entre los fiscales, que buscaban avanzar en la investigación discretamente y habían solicitado “confidencialidad extrema” a los contactos involucrados.
La investigación del Departamento de Justicia pretende establecer si se cometieron diversos delitos bajo jurisdicción estadounidense, incluyendo lavado de activos a través de un presunto fraude en el sistema bancario norteamericano, con el fin de desviar fondos de la AFA hacia terceros mediante contratos supuestamente irregulares y facturación falsa.
El foco de la pesquisa es la empresa de Faroni y su esposa, establecida en Estados Unidos en agosto de 2021. Cuatro meses más tarde, firmaron un contrato de representación con la AFA y desde entonces han gestionado al menos 300 millones de dólares provenientes de contratos de patrocinio, partidos amistosos y premios deportivos. Este contrato fue extendido por Tapia hasta diciembre de 2030.
Desde el Gobierno se descarta que el proceso en Estados Unidos esté influenciado por lobbies locales. El presidente Javier Milei criticó recientemente a la conducción de la AFA y confirmó que hay una investigación en Miami, aunque desde la AFA se niega esta afirmación. “No tengo elementos para hablar de Tapia, solo puedo decir que hay aspectos en la gestión de la AFA que no me agradaron”, expresó en una entrevista. Además, advirtió que el presidente de la AFA “tiene causas judiciales en el exterior y aquí”. Esta declaración sorprendió, dado que Milei había evitado hablar del asunto en público recientemente.
Pocas horas después, Tapia decidió conceder una entrevista, expresando su descontento por las “operaciones” durante el Mundial, aunque no proporcionó detalles ni se refirió a los casos judiciales. Este fue un cambio abrupto respecto a su silencio anterior. Desde el cierre del Mundial, la AFA ha implementado una ofensiva comunicacional, que incluye una red de trolls en las redes sociales para cuestionar cada noticia relacionada.
La aparente indiferencia del Gobierno ante el caso AFA contrasta con ciertos nombramientos cuestionables dentro de la Justicia. Esta semana, el fiscal Agustín Rubiero, quien hasta febrero formaba parte del Tribunal de Disciplina de la AFA, fue presentado como candidato para un puesto en la Sala D de la Cámara Civil, una posición clave para revisar decisiones vinculadas al fútbol.
Esa misma Sala había bloqueado previamente la posibilidad de que la Inspección General de Justicia (IGJ) analizara los balances de la AFA, argumentando que la entidad había trasladado su sede a Pilar. Sin embargo, este viernes, los dirigentes celebraron una reunión en el nuevo predio para elegir los delegados de las categorías Primera Nacional, Primera B y Primera C. Dado que aún se encuentran en etapa de construcción, debieron improvisar un espacio con carpas.
Si no se presentan contratiempos, Rubiero asumirá su nuevo cargo en la Sala D, aunque en los Tribunales algunos indican que carece de la formación académica y legal necesaria para dicho puesto. Se señala que su aparición fue sorpresiva, ya que se encontraba en la lista complementaria, y su vínculo más notorio es con Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia. Durante su breve intervención ante los senadores, Rubiero prometió “ejercer la magistratura de manera imparcial e independiente”, sin recibir preguntas en respuesta.
