La decisión judicial, aunque se refiere específicamente a la solicitud de un juez, ha sido interpretada en los tribunales como un indicio de que otras peticiones similares no tendrán éxito.
Esta situación es significativa, ya que si la normativa actual permanece, los jueces deberán acelerar la presentación de sus candidatos para cumplir con los plazos establecidos.
El primer en solicitar su reelección fue Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación, quien presentó una acción declarativa de certeza ante el juzgado contencioso administrativo federal dirigido por Enrique Lavié Pico.
Barroetaveña argumentó que era fundamental esclarecer las implicaciones de un fallo de la Corte Suprema que ha generado diversas interpretaciones sobre la posibilidad de reelecciones consecutivas en el Consejo o la necesidad de aguardar un período antes de un nuevo mandato.
En 2021, la Corte Suprema declaró inconstitucional una ley de 2006, promovida por el kirchnerismo, que limitó a 13 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura. El fallo del máximo tribunal destacó que se había alterado el equilibrio entre los estamentos técnicos y políticos, ordenando así el regreso a la composición anterior de 20 miembros: cuatro jueces, cuatro abogados, ocho legisladores, dos académicos, un representante del Poder Ejecutivo y el presidente de la Corte como titular.
A raíz de esto, Barroetaveña solicitó definir la validez de la ley original que posibilita la reelección de sus integrantes, o si persiste la reforma de 2006, que exige un intervalo entre mandatos.
Lavié Pico le concedió una medida cautelar, permitiéndole competir sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. No obstante, el Consejo de la Magistratura se opuso a esta decisión y apeló la medida.
Al llegar a la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, se admitió la apelación, pero con efecto suspensivo, lo que detiene la posibilidad de reelección de Barroetaveña hasta resolver el tema de fondo.
Incluso si los jueces de la Sala IV, Rogelio Vincenti, Jorge Morán y Marcelo Duffy, no se pronuncian sobre el fondo, su decisión deja inactiva la reelección de jueces, bloqueando las intenciones reeleccionistas.
Barroetaveña es parte de la lista Bordó de la Asociación de Magistrados, y en respuesta a su intento de reelección, el actual presidente de la Asociación, Andrés Basso, se ha postulado como consejero de la Magistratura.
Se anticipa que habrá reuniones entre los líderes de la lista en las próximas semanas para definir un enfoque común antes de que venza el plazo para la presentación de candidatos.
Los consejeros a favor de la reelección argumentan que la Corte Suprema, en el fallo “Colegio de Abogados” de 2021, determinó que debía restablecerse la antigua ley del Consejo de la Magistratura, que contaba con 20 miembros presididos por el presidente de la Corte, la cual permitía la reelección, argumentando así que este artículo también había recuperado vigor. Sin embargo, la ley fue modificada en 2006, lo que entre otras cuestiones, alteró la composición del organismo e incluyó la necesidad de un intervalo previo a la reelección.
Los reeleccionistas sostienen que la vigencia de la antigua ley permite su reelección. Siguiendo este razonamiento, después de Barroetaveña, las consejeras abogados Fernanda Vázquez y Jimena De la Torre han presentado también sus respectivas solicitudes de reelección, aunque el juez Lavié Pico consideró que sus casos no son equivalentes al de Barroetaveña y asignó la causa al juez Esteban Furnari.
Por otro lado, los legisladores del Consejo de la Magistratura vinculados al kirchnerismo, como el senador Mariano Recalde y los diputados Rodolfo Taihlhade y Vanesa Siley, también han planteado la posibilidad de su reelección a través de solicitudes formales ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal.
A pesar de todas estas gestiones, Siley, Recalde y Taihlhade habían señalado previamente que Barroetaveña “pretendía forzar” la ley con su demanda de reelección.
Por el momento, el debate se encuentra estancado debido a la decisión de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que ha impuesto un efecto suspensivo a la apelación de la medida cautelar. Esto sugiere que es probable que los recursos de todos los estamentos no obtengan resultados favorables.
La resolución final corresponde a los camaristas, quienes decidirán si la normativa vigente permite la reelección sin un mandato previo. Si no emiten un fallo y el tiempo avanza sin cambios, las aspiraciones de reelección de Barroetaveña quedarán suspendidas.
En la Corte Suprema de Justicia, el proceso es seguido de cerca, mostrando interés y preocupación por los movimientos de los consejeros.
Los consejeros de la magistratura perciben un salario equivalente al de un juez de la Cámara Federal de Casación Penal, que actualmente supera los 10 millones de pesos. Estos salarios son aplicables a los abogados y académicos, mientras que los legisladores reciben su remuneración habitual, de igual forma que los magistrados.
