– Un conflicto que se originó con la expropiación de 2008
El Gobierno argentino estaba evaluando en las últimas horas la posibilidad de interponer una nueva acción judicial en Estados Unidos con el fin de revertir la condena relacionada con la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, evitando así el pago de más de 390 millones de dólares al Titan Consortium.
La Procuración del Tesoro tiene como plazo legal hasta hoy, 20 de agosto, para presentar un pedido de revisión ante la misma Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia que, el 21 de julio, confirmó el fallo adverso a Argentina. Esta estrategia se lleva a cabo bajo la dirección del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y no se descartaría recurrir a la Corte Suprema como última opción.
En el corto plazo, el propósito es que la Cámara reconsideren su decisión, que estableció una condena por 390.907.115,55 dólares, a la que se sumarán los intereses acumulados a partir de diciembre de 2024.
Además de exigir el pago, los demandantes buscan identificar activos argentinos en Estados Unidos que les permitan ejecutar la sentencia. Según trascendidos, el planteo no incluye un pedido específico para suspender su ejecución, aunque en la práctica tiene como objetivo dilatar los plazos procesales mediante este mecanismo.
Hace un mes, la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia desestimó el planteo argentino y confirmó la decisión de primera instancia relacionada con la expropiación de la aerolínea de bandera. Sin embargo, el debate que llegó hasta ese tribunal no se centró nuevamente en las condiciones de la expropiación de Aerolíneas y Austral, sino en una cuestión procesal clave: cuántos años tenía Titan para solicitar ante la Justicia estadounidense el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral.
La defensa argentina argumentó que el reclamo había prescripto, al considerar que debía aplicarse un plazo de tres años. No obstante, los tribunales estadounidenses rechazaron esa interpretación, aplicando en cambio un período de doce años, que permitió mantener vigente la acción presentada por Titan en 2021. Ahora, la Procuración intentará que la Cámara reevalúe esa resolución.
La elección de esta vía también influye en los plazos del litigio. Si la Cámara vuelve a rechazar el planteo, Argentina mantendrá la opción de recurrir posteriormente a la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, su intervención no está garantizada, ya que el máximo tribunal estadounidense tiene la discrecionalidad de decidir qué casos acepta revisar.
Desde la Casa Rosada, se sostiene que el enfoque general ante litigios significativos que enfrenta el Estado es utilizar todas las herramientas procesales disponibles y evitar que las condenas se consoliden mientras existan instancias de revisión. De hecho, esta estrategia se alinea con la política jurídica que el Ejecutivo también ha implementado en otros litigios internacionales significativos, como el juicio por YPF.
El origen de esta disputa se remonta a la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral al grupo español Marsans, realizada en 2008. Posteriormente, las empresas accionistas iniciaron un arbitraje ante el CIADI, organismo del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre Estados e inversores extranjeros.
En 2017, el tribunal arbitral condenó a Argentina a pagar alrededor de 321 millones de dólares, además de intereses y costas. El Estado intentó anular dicha decisión, pero su planteo fue rechazado en 2019. Los acreedores tuvieron que recurrir a tribunales nacionales para obtener su reconocimiento y avanzar en el cobro, dado que los procesos en el CIADI no contemplan esa posibilidad.
Los derechos económicos derivados de ese litigio fueron posteriormente adquiridos por Titan Consortium, que en 2021 se dirigió a la Justicia federal de Washington para solicitar el reconocimiento y ejecución del laudo. Con el paso del tiempo y la acumulación de intereses, el monto reclamado superó los 390 millones de dólares.
La defensa argentina busca revertir en este contexto que Titan presentó su solicitud fuera del plazo establecido para intentar ejecutar el laudo en Estados Unidos. Hasta el momento, los tribunales han desestimado ese argumento.
El caso tiene también una precisión jurídica importante: la condena no afecta a Aerolíneas Argentinas como compañía, sino que recae sobre el Estado argentino por la expropiación llevada a cabo en 2008. De este modo, la atención inmediata se centra en Washington.
