La Federación de Docentes de Universidades Nacionales (FEDUN) confirmó esta medida después de un plenario que reunió a representantes gremiales de diversas provincias. Durante la reunión, se discutió la continuidad de la lucha y las acciones necesarias para hacer visible el conflicto que enfrentan las casas de estudio.
El paro no solo implicará la suspensión de actividades académicas, sino que también incluirá movilizaciones, clases públicas y diversas acciones de protesta en universidades de todo el país. Se llevarán a cabo estas manifestaciones los días miércoles 3 y jueves 4 de junio, con un fuerte enfoque en exigir el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario y una convocatoria urgente a mesas paritarias, debido a la pérdida del 52,1% en poder adquisitivo que, según el gremio, sufrieron los universitarios desde la llegada al poder de Javier Milei.
Asimismo, los docentes de FEDUN se unirán a las movilizaciones convocadas el miércoles 3, bajo el lema Ni Una Menos.
Mientras se desarrollan estas jornadas de protesta, el Gobierno intenta encontrar una solución al conflicto universitario, que persiste desde octubre de 2025, cuando decidió no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario ratificada por el Congreso y comenzó una estrategia judicial para evitar su implementación.
En este marco, se había planteado la posibilidad de una reunión entre funcionarios nacionales y autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), aunque todavía no hay fecha confirmada. Las discusiones incluyen temas críticos para el sistema universitario, tales como el ajuste salarial para los docentes, las becas para estudiantes, los fondos destinados a hospitales universitarios y otras partidas presupuestarias por definir.
El enfoque del Gobierno se encuentra influenciado por un proceso judicial que actualmente se tramita en la Corte Suprema, encabezado por la Procuración del Tesoro, dirigida por Sebastián Amerio.
El Gobierno considera distintas alternativas para evitar un fallo judicial desfavorable, entre las cuales se evaluó la transferencia de fondos destinados al proyecto de financiamiento universitario que se envió al Congreso en febrero. Esta propuesta solo incluía ajustes salariales para 2025, excluyendo la pérdida acumulada entre diciembre de 2023 y 2024, buscando así disminuir el impacto fiscal, uno de los puntos más importantes del reclamo docente.
A cambio de esto, el Gobierno busca que las universidades levanten la medida cautelar presentada contra el Estado nacional, un expediente que actualmente espera una definición de la Corte Suprema. Dicha demanda reclama el cumplimiento de los aumentos salariales y becas establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario, ajustados a la evolución del índice de precios al consumidor.
La mayor preocupación del Gobierno radica en el costo económico que implicaría una derrota judicial. Según estimaciones oficiales, un fallo en contra obligaría al Estado a transferir aproximadamente $2,5 billones al sistema universitario.
