Esta iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 1/2026 de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, que tiene como propósito regularizar las deudas con contratistas del sector mediante la entrega de títulos públicos.
La decisión se origina a partir de un relevamiento de los contratos vigentes y finalizados gestionados por las Secretarías de Transporte y de Obras Públicas, en el que se detectaron pagos pendientes que corresponden al período entre enero de 2022 y marzo de 2026. Dada la “indisponibilidad de créditos presupuestarios” comunicada por la Secretaría de Hacienda para saldar estas obligaciones en efectivo, se optó por este método alternativo de compensación.
El Gobierno ha establecido un límite máximo de $ 221.119.509.519 para este régimen. Los contratistas interesados que decidan adherirse recibirán una combinación de tres instrumentos financieros, valuados según su valor técnico del día anterior a la entrega.
Para las empresas constructoras, hay una condición indispensable. La normativa estipula que, al firmar el acta acuerdo, las empresas deberán presentar un desistimiento claro de todos los reclamos administrativos o judiciales contra el Estado Nacional relacionados con el contrato específico.
Asimismo, deberán renunciar a cualquier crédito o reclamo, ya sea de forma directa o indirecta, incluyendo posibles compensaciones por modificaciones a la ecuación económica-financiera del contrato, derivadas de recibir pagos en bonos en lugar de efectivo.
Las compañías tendrán un breve plazo para actuar: deben solicitar su adhesión al régimen dentro de los 10 días hábiles administrativos a partir de la fecha de entrada en vigencia de la resolución, que fue publicada el 2 de julio.
Una vez que se acepte la solicitud, los contratistas dispondrán de otros 10 días para presentar la liquidación de sus deudas. Esta liquidación deberá incluir el cálculo de intereses por mora y la compensación de deudas pendientes con el Estado, como los anticipos financieros no deducidos. El proceso estará supervisado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) antes de la firma definitiva de los acuerdos.
