La sentencia, que se había programado para el viernes, se da en un contexto crítico, a solo 24 horas de que el Ministerio Público Fiscal considere límite para que prescriba la acción penal para la mayoría de los acusados. Según los cálculos de la fiscalía, el martes 15 de septiembre se cumplirán seis años desde el último acto procesal que esta parte considera válido. En contraposición, las defensas argumentan que la acción penal ya se ha extinguido.
Desde su inicio, la cuestión de la prescripción ha sido recurrente en el juicio. La causa fue iniciada en 2011 y, tras un largo proceso, llegó al debate oral en marzo de 2026, es decir, 15 años después, momento en el cual la acción penal se encontraba al borde de su posible extinción debido al tiempo transcurrido. El plazo de prescripción, que es de seis años, se cumple este martes.
La audiencia programada para hoy comenzará con las últimas palabras de los acusados Castellano, Freidin y los Nasif, y luego se dará a conocer el veredicto.
Los nueve acusados incluyen a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, apoderados de la fundación, así como al exministro de Planificación, Julio De Vido, el exsecretario de Obra Pública, José López, y el exsubsecretario, Abel Fatala. También están imputados los exfuncionarios Daniel Alfredo Nasif, Silvia Karina Nasif, Claudio Freidin y Carlos Castellano. Hebe de Bonafini fue procesada, pero falleció en 2022.
El único que se expresó el viernes fue Sergio Schoklender, quien agradeció a sus abogados, defendió la importancia del programa de viviendas y, de manera indirecta, mencionó a la expresidenta Cristina Kirchner: “No voy a decir, como decía la loca, que la historia me va a absolver”. Los otros acusados, incluido De Vido, no hicieron declaraciones.
La Fiscalía ha solicitado penas de hasta seis años de prisión y el decomiso de 206 millones de pesos. Este juicio oral se llevó a cabo durante un periodo de seis meses. El fiscal federal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitaron que los nueve implicados sean condenados por administración fraudulenta agravada contra la administración pública, pidiendo seis años de prisión para los hermanos Schoklender, De Vido, López y Fatala.
Para Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin se pidieron cuatro años. Además, se reclamó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los acusadores también han exigido el decomiso de bienes por 206 millones de pesos, cifra que, según la investigación, fue desviada de los fondos destinados al programa, y que se actualice por inflación al momento de que la sentencia quede firme, con el objetivo de ser destinados a programas de viviendas sociales.
La causa investiga la trayectoria del dinero que el gobierno de Cristina Kirchner transfirió entre 2008 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales, un monto aproximado de 900 millones de pesos para el programa Sueños Compartidos. Parte de esos fondos, según las indagatorias, habrían sido desviados hacia empresas vinculadas a los hermanos Schoklender, quienes eran los responsables del programa.
