La iniciativa fue promovida por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y se dirige específicamente contra los artículos 3° y 4° del decreto 982/2026, el cual fue publicado el viernes y cuenta con la firma de Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Este decreto deja sin efecto el sistema vigente desde 1973, que establecía que las regalías generadas por el complejo hidroeléctrico sobre el río Atuel se repartían equitativamente entre Mendoza y La Pampa. A partir de ahora, el Gobierno nacional determina que la totalidad de las regalías corresponde a Mendoza, al considerar que la fuente hidroeléctrica explotada se encuentra totalmente dentro de su territorio.
Con esta cautelar, La Pampa busca conservar temporalmente el esquema anterior hasta que la Justicia tome una decisión sobre el fondo del asunto.
El gobernador afirmó: “Hemos presentado ante la Justicia Federal una medida cautelar pidiendo la suspensión inmediata de los artículos del Decreto Presidencial Nº 982/2026 que vulneran nuestros derechos”.
Ziliotto defendió la postura de La Pampa señalando que se basa en antecedentes judiciales y acuerdos entre las provincias. “Nos respaldan leyes, acuerdos y sentencias de la Corte Suprema de Justicia: El río Atuel también es pampeano; los fallos de la CSJN de 1987, 2017 y 2020 establecen y ratifican su interprovincialidad. Así, la represa Los Nihuiles genera energía con agua pampeana”, señaló.
Uno de los argumentos centrales de la demanda judicial es un acuerdo interjurisdiccional firmado en 1992 por el Estado nacional, Mendoza y La Pampa, que fue aprobado por las legislaturas provinciales y homologado posteriormente por la Corte Suprema.
“Sus regalías también son pampeanas: mediante un acuerdo de 1992, firmado entre el Estado Nacional y las dos provincias y homologado por la CSJN, Mendoza se obliga a pagar regalías a La Pampa, calculadas según porcentajes fijados por Ley 15.336 y Decreto 1560/73. Ningún decreto puede anular un acuerdo de partes”, expuso Ziliotto.
La administración pampeana sostiene que, al tratarse de un convenio entre distintas jurisdicciones, ninguna de las partes puede modificar unilateralmente los compromisos establecidos. También argumenta que la decisión impacta sobre la autonomía provincial, la seguridad jurídica y el llamado federalismo de concertación.
No obstante, el decreto 982/2026 apela al mismo acuerdo de 1992 para fundamentar una interpretación opuesta. El texto oficial menciona que el convenio garantizaba el pago de regalías a La Pampa, pero aclara que lo hacía “sin perjuicio de lo que pudieren establecer en un futuro normas jurídicas o fallos judiciales sobre el particular”.
Además, el Gobierno nacional sustentó su decisión en el régimen general de la Ley 15.336 y en jurisprudencia de la Corte sobre aprovechamientos hidroeléctricos. Según esta perspectiva, las regalías corresponderían a la jurisdicción donde se halla la fuente hidroeléctrica efectivamente explotada, que, en el caso de Los Nihuiles, se encuentra en Mendoza.
El decreto también desestimó un recurso presentado por Mendoza contra el régimen de 1973 y avaló la legitimidad de lo actuado en las últimas cinco décadas. El cambio decretado por Milei afecta a las regalías generadas a partir de la entrada en vigencia de la nueva normativa.
El conflicto cuenta con otro capítulo judicial abierto, ya que Mendoza había llevado previamente su reclamo ante la Corte Suprema en una causa contra el Estado nacional.
Según la información oficial del gobierno pampeano, fue el propio Estado nacional quien solicitó que La Pampa fuera integrada en ese expediente dado su interés directo en la controversia. La Corte aprobó esa participación el 27 de agosto.
La administración de Ziliotto critica que, apenas dos semanas después de dicha decisión, el Ejecutivo haya modificado por decreto el régimen que se encuentra en discusión judicial.
La cautelar también pretende evitar que el nuevo reparto se consolide con miras a las futuras concesiones del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles. El Estado nacional argumentó que era necesarios establecer un criterio de distribución para brindar “certeza jurídica” al proceso de selección de los nuevos operadores del complejo.
La medida adoptada por el gobierno nacional ha intensificado la confrontación política entre ambas provincias. Mientras que en Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo celebró la decisión de cobrar la totalidad de las regalías, Ziliotto acusó al gobierno nacional de favorecer a Mendoza en detrimento de La Pampa.
Después de recurrir a la Justicia, el gobernador pampeano reafirmó su determinación de continuar con la lucha: “No abandonaremos ninguna lucha por lo que nos pertenece. Fieles a nuestra historia, defendemos La Pampa, todos los días, donde sea, ante quien sea.”
