Albertina Mangini, funcionaria del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, fue arrestada en el contexto de una investigación sobre un presunto lavado de fondos que asciende a $27.000 millones. Al no depender del Ministerio de Justicia, el gobernador Axel Kicillof no tiene la facultad de intervenir en su desvinculación, aunque su gestión se vio obligada a aclarar la situación.| Mangini, actualmente suspendida de forma preventiva, se desempeñaba en la oficina de coordinación con el Patronato de Liberados. Se unió a esta entidad en 2009, durante la administración de la ex Procuradora María del Carmen Falbo. Desde 2023, lideraba la coordinación con el Patronato desde la Fiscalía General de La Plata.| En caso de que se confirme una condena por los delitos que enfrenta, podría ser exonerada sin necesidad de un juicio político.| La funcionaria está sujeta a un sumario disciplinario en la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento del Ministerio Público, que determinará si se debe imponer una sanción administrativa más severa que la suspensión. No será necesario un jury para su despido, ya que no ocupa un cargo de magistrada.| Al mismo tiempo, se desarrolla una causa penal en la UFI Nº 2 de La Plata, donde se investiga su posible implicación en una red que presuntamente captó personas en situaciones de vulnerabilidad para obtener sus datos biométricos, abrir cuentas en billeteras virtuales y canalizar fondos a través de ellas. Si se establece una condena penal firme por actos incompatibles con sus responsabilidades, podría ser exonerada.| La situación de Mangini ha mantenido en alerta a la administración de Kicillof, quien, a través de su ministro de Justicia, Martín Mena, desmintió que ella fuese parte de su planta política. “La funcionaria detenida no trabaja ni trabajó nunca en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires”, dijo Mena, quien también aclaró que “es funcionaria judicial de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires” y que “no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo provincial”.| La investigación administrativa en el Ministerio Público y la causa penal avanzan por caminos paralelos. El sumario debe determinar si hubo alguna infracción a los deberes funcionales y, en tal caso, la sanción correspondiente. Por otro lado, la causa penal busca definir si Mangini tuvo algún papel en los hechos investigados y cuál fue el alcance de su participación.| Según documentos de la causa, se sostiene que desde finales de 2023 hasta agosto de 2024 existió una estructura dedicada a captar a personas en situaciones de vulnerabilidad, recolectar sus datos personales y biométricos y utilizarlos para abrir cuentas digitales a su nombre. Se menciona que una funcionaria pública habría participado en esta actividad.| Entre los activos investigados, se destacan dos cuentas de Ualá y Mercado Pago, registradas a nombre de una de las supuestas víctimas de captación. De acuerdo a la fiscalía, esas cuentas realizaron transacciones por un total de $172.242.946,68 en aproximadamente un año.| La investigación debe ahora establecer la conexión concreta de Mangini con esta operación, identificar a los demás involucrados en la supuesta red, el destino de los fondos y si las acciones atribuidas constituyen delitos.| Actualmente, Mangini se encuentra detenida en una alcaldía local y su suspensión preventiva ha sido implementada. Mientras se espera que sea citada a indagatoria, se procederá a la confirmación de la suspensión y al embargo de su salario.
