El abogado ambientalista Enrique Viale cuestionó duramente el proyecto oficialista que el Congreso debatirá este jueves. Aseguró que la norma elimina los límites a la extranjerización, flexibiliza el uso de tierras quemadas y otorga prioridades de agua y energía a megaproyectos tecnológicos.
La discusión sobre el acceso al territorio y la protección de los recursos naturales volvió al centro del debate político. Tras la confirmación del Gobierno de que el proyecto se tratará este jueves en el Congreso, el abogado ambientalista Enrique Viale advirtió que la medida representa una “profunda entrega de soberanía” y transforma radicalmente el rol regulador del Estado.
En declaraciones a una emisora radial, Viale analizó la propuesta —presentada bajo el nombre de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada— y detalló los puntos más críticos del paquete legislativo.
Extranjerización sin límites y cambios en el Manejo del Fuego
Entre los aspectos principales, el abogado señaló la desarticulación de normativas vigentes desde hace más de una década:
- Eliminación del tope a capitales extranjeros: Se remueve el límite del 15% para la extranjerización de tierras, desmantelando además las restricciones para comprar campos en zonas de frontera o áreas con acceso a agua y recursos estratégicos.
- Fin a la protección de tierras incendiadas: El proyecto deshace las prohibiciones de la Ley de Manejo del Fuego que impedían cambiar el uso del suelo tras un incendio, una herramienta creada para evitar la especulación inmobiliaria y productiva.
- Aceleración de desalojos: Se agilizan los procesos por falta de pago de alquileres, lo que —según Viale— debilita el control estatal y agudiza la exclusión social.
El vínculo con el “Super RIGI” y la llegada de megacentros de datos
Viale vinculó esta iniciativa con un marco regulatorio más amplio: el “Super RIGI”, un régimen diseñado para atraer inversiones en grandes centros de datos orientados a la inteligencia artificial.
“La inteligencia artificial requiere gigantescos centros de datos que consumen enormes cantidades de agua y electricidad para refrigerar sus equipos. Ante los conflictos que esto ya genera en Estados Unidos, Irlanda o Chile, buscan instalarse en la Argentina por los beneficios extraordinarios que ofrece el Gobierno”, explicó Viale.
El régimen otorgaría 30 años de estabilidad fiscal, exenciones impositivas y prioridad explícita en el acceso a recursos clave. De concretarse un conflicto por el uso del agua entre una población local y una empresa tecnológica, la ley daría preferencia a los megacentros de datos.
Además, el especialista remarcó dos aspectos institucionales de gravedad:
- Cesión de jurisdicción: Los conflictos legales se resolverían en tribunales internacionales (como los de Nueva York) y no en la justicia nacional.
- Empresas gestionadas por IA: Se busca reformar la Ley General de Sociedades para permitir que firmas administradas por algoritmos puedan poseer tierras, lo que dificultará identificar a los verdaderos dueños tras la estructura societaria.
“El daño ambiental es irreversible”
Respecto a la posibilidad de recurrir a los tribunales para frenar la norma, Viale se mostró cauteloso. Aunque confía en que varios artículos podrían ser declarados inconstitucionales, advirtió sobre la brecha temporal de las decisiones judiciales: “Un glaciar destruido no se recupera cuando llega una sentencia”.
Por ello, concluyó haciendo un llamado a la movilización ciudadana: “Estas discusiones no se ganan solo en los tribunales, sino en las calles ejerciendo el derecho a manifestarse. Este debate puede ser un punto de inflexión para el país”.
