Lijo ha decidido extender la acusación respecto a las supuestas sobrecostos en la adquisición de insumos médicos y ortopédicos a través del programa Incluir Salud. Esta medida involucra a Spagnuolo, a Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y al empresario Miguel Ángel Calvete, considerados cabecillas de lo que se califica como una “asociación ilícita” que habría captado la Andis.
El supuesto esquema de sobreprecios abarca no solo medicamentos, sino también prótesis, implantes auditivos, sillas de ruedas y materiales de traumatología, cardiología y neurología, con un monto aproximado que supera los $7800 millones, según un documento elaborado por el juez.
Además de la ampliación de la imputación a Spagnuolo y otros cuatro acusados, Lijo ha procesado a un grupo de empresarios vinculados a las irregularidades detectadas en la compra de insumos. “El relevamiento permite tener por acreditada, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, la existencia de sobreprecios en las contrataciones de insumos examinadas, cuyas diferencias económicas ascienden, hasta el momento, a un total de $1.849.277.963”, declaró el magistrado.
Dicha cifra se obtuvo a partir de un análisis y documentaciones presentadas en el expediente, las cuales examinaron transacciones de al menos seis empresas con la Andis. “Esta cantidad representa únicamente el resultado de las operaciones relevadas y constituye un piso de las diferencias detectadas, ya que la auditoría no incluyó todas las adjudicaciones realizadas durante el período investigado”, aclara el documento judicial firmado por Lijo.
Este avance se suma a las investigaciones previas realizadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sobre compras de medicamentos, que evaluó once productos y calculó diferencias de precios por $5.984.594.394,24. Si se fusionan ambas cifras, el total podría superar los $7000 millones.
“En definitiva, las diferencias de precios verificadas hasta el momento en los rubros medicamentos ($5.984.594.394,24) e insumos ($1.849.277.963) permiten establecer, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, una afectación económica estimada en $7.833.872.357,24”, detalla el documento judicial.
Según la resolución de Lijo, una “organización delictiva” habría operado, al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, manipulando las compulsas de precios del Programa Incluir Salud, mediante el cual se adquirían medicamentos e insumos. La imputación especifica que esto se realizó “simulando competencia entre oferentes y direccionando adjudicaciones” a favor de empresas seleccionadas previamente, a cambio de retornos para funcionarios.
En una instancia anterior, el juez federal Sebastián Casanello había procesado a Spagnuolo por delitos como cohecho activo, asociación ilícita, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su rol como funcionario público.
Lijo ha reafirmado la situación de Spagnuolo, Garbellini y Calvete como supuestos líderes de una “asociación ilícita” en la Andis y ha ampliado los embargos relacionados. En el caso de Calvete, también enfrenta la acusación de lavado de activos, sumando a otros empresarios a la imputación.
Los documentos y auditorías que Lijo revisó incluyeron informes del exinterventor de la Andis, Alejandro Vilches. Según informes previos, este material, enviado a la Justicia por el exfuncionario y por el Ministerio de Salud, indicaba comparaciones de precios entre las compras de la Andis y las del PAMI, revelando desvíos de 1972% “técnicamente indefendibles”.
Uno de los casos identificados involucra a un paciente en Río Negro que necesitaba una prótesis para una amputación. A pesar de que en los documentos constaba que había sido entregada, eso resultó ser falso, al igual que un pago duplicado. Además, se observó una compra de $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter, cuando el PAMI adjudicó el mismo sistema por un valor de $124.200.000 el 25 de marzo de 2025.
Fuentes cercanas a Spagnuolo sostuvieron que su “condición jerárquica” no implica por sí sola una presunción de “responsabilidad”. Garbellini, otro exfuncionario procesado, quien manejaba el programa Incluir Salud, ha negado continuamente las acusaciones de sobreprecios y el cobro de coimas.
El exdirector de Acceso a los Servicios de Salud había enviado un mensaje al contratista Calvete, mencionando lo que denominó “ofrendas”, en un contexto que, según Garbellini, se trataba de presiones para acelerar pagos de deudas, sin que esto constituyera complicidad o corrupción.
La defensa de Calvete ha solicitado la revisión de las cifras de las contrataciones, alegando que el Ministerio Público Fiscal ha hecho una “construcción unilateral” de los precios de los insumos, mientras que el abogado de otro implicado indicó que este está preparando su declaración sobre el tema de las licitaciones.
La causa se originó en agosto de 2025 tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo y avanza en la investigación sobre las compras mediante la exAndis.
