La iniciativa, anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, faculta a las instituciones financieras a conceder créditos en dólares a empresas que no necesariamente generen ingresos en esa moneda. Esta flexibilización tendrá un límite: los bancos podrán destinar hasta el 15% de sus depósitos en dólares para este tipo de financiamiento. Adicionalmente, el Banco Central (BCRA) implementó un tratamiento más exigente, que incluye requerimientos de capital elevados y la obligación de evaluar la capacidad de pago de los deudores en diferentes escenarios de fluctuación del tipo de cambio.
El objetivo oficial se plantea en dos ejes. Por un lado, se busca ampliar el crédito para sectores como la construcción y la industria. Por el otro, se intenta ofrecer incentivos para que los dólares que los argentinos mantienen fuera del circuito financiero permanezcan en los bancos.
Este anuncio se produce en un contexto donde los depósitos en moneda estadounidense han alcanzado un récord histórico en 26 años, superando los 40.000 millones de dólares.
Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, considera que esta medida corrige una restricción heredada de la salida de la convertibilidad y la pesificación de 2002. A su juicio, la regulación había prácticamente eliminado el riesgo cambiario para las entidades financieras, dado que los dólares solo podían ser prestados a aquellos que generaban ingresos en esta moneda. Esto había dejado una porción de los fondos depositados sin posibilidad de ser canalizados hacia la economía. “Ahora queda una gran cantidad de crédito disponible que nadie puede tomar”, afirmó. Por ello, considera que la flexibilización “es muy buena”, al permitir que los bancos usen parte de esos fondos para financiar la inversión y la producción sin asumir un riesgo excesivo.
El Gobierno sostiene que si los bancos reciben depósitos en dólares y solo pueden prestarlos a empresas con ingresos en esa moneda, una significativa parte de esa liquidez queda subutilizada, lo que podría resultar en una mayor inversión, actividad productiva y empleo.
Desde otro punto de vista, Pablo Moldovan señaló que la medida responde a dos dimensiones. En primer lugar, representa un estímulo al crecimiento del crédito en dólares, que es fundamental para el equilibrio en el mercado cambiario. En segundo lugar, destaca el estancamiento del crédito en pesos, que resulta de que “los esquemas monetarios que se centran en el control de los agregados enfrentan siempre la amenaza de una gran volatilidad en la tasa de interés, lo que afecta gravemente al crédito”.
A partir de esta perspectiva, el Gobierno se propone abordar simultáneamente dos problemas: incrementar el financiamiento para la actividad económica y fortalecer una fuente de oferta de dólares a futuro. Es importante aclarar que los préstamos deben ser liquidables en el Mercado Libre de Cambios (MLC), lo que convierte al crédito bancario en una fuente adicional de dólares.
No obstante, Moldovan advierte que “es una decisión que abre una puerta peligrosa, en un contexto donde el tipo de cambio real se encuentra en niveles históricamente bajos, sostenido por una combinación de flujos financieros y cambios en los términos de intercambio cuya continuidad es difícil de prever”.
Moldovan también expresa que el Gobierno es consciente de que, de cara a las elecciones, la tasa en pesos seguirá presionada por la necesidad de evitar la dolarización o la liquidación de posiciones en pesos. Así, resulta complicado imaginar una baja significativa de tasas que estimule el crédito en pesos. Por ende, se busca una cláusula de escape que ofrezca a los agentes económicos un extra de crédito, pero en dólares. Sin embargo, el economista Jorge Carrera, exdirector del BCRA, advierte sobre los riesgos, señalando que ante un aumento del tipo de cambio debido a un evento negativo, numerosos deudores podrían caer en mora o directamente en default.
La regulación busca mitigar este riesgo mediante normativas macroprudenciales. No obstante, desde la perspectiva de sus críticos, el peligro no desaparece; simplemente se traslada parcialmente desde el sistema financiero hacia los balances de las empresas.
Federico Machado, economista de OPEN, comparte en parte estas preocupaciones, aunque también reconoce el potencial expansivo de la medida. “Puede contribuir a la recuperación de la actividad”, indicó, pero la considera “demasiado temeraria”, dado que el apalancamiento de los préstamos en dólares ya es elevado y hacia 2027 podría haber un aumento en la volatilidad.
Lo fundamental no solo será cuánto crédito adicional están dispuestos a otorgar los bancos, sino quiénes lo solicitan, para qué fin y qué porcentaje de sus ingresos queda expuesto a un posible aumento del dólar. Los economistas más cautelosos coinciden en que el contexto cambiario exige un seguimiento cuidadoso de la velocidad con la que crece el endeudamiento en moneda extranjera.
La esencia de este debate refleja una cuestión central en el programa económico: cómo aprovechar la recuperación del ahorro en dólares y transformarlo en financiamiento para la actividad, evitando que esta misma herramienta se convierta, ante un cambio de contexto, en una nueva fuente de vulnerabilidad para la economía.
