Este fallo fue adoptado por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, según fuentes judiciales.
Los hijos de la ex presidenta Cristina Kirchner habían presentado una apelación ante el tribunal debido a que rechazaron los recursos solicitados por su abogado, Luis Joel Goldin. La defensa argumenta que el fallo tiene consecuencias graves y equiparables a una sentencia definitiva, al señalar que su aplicación “supone avanzar con los actos preparatorios y de desapoderamiento”, lo que causaría un “gravamen de imposible reparación ulterior”.
Asimismo, la defensa indicó que aún está pendiente un recurso de queja ante la Corte Suprema que cuestiona la valoración y la legalidad del decomiso de ciertos bienes, lo que podría ocasionar daños patrimoniales que harían ineficaz una eventual intervención del Máximo Tribunal.
Por su parte, el abogado Goldin, que también actúa en representación de Sánchez, presentó un recurso de casación contra la misma decisión, argumentando que “el diferimiento de la intervención de las sociedades, mientras hay medidas cautelares vigentes sobre los bienes que pertenecen a su titularidad, crea una situación de indefensión y un gravamen que no puede ser reparado”.
Alejó también que “la decisión desconoció la personalidad jurídica diferenciada y la autonomía patrimonial de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., y afecta los derechos de propiedad y defensa en juicio”.
Los jueces del TOF N°2 recalcaron que las medidas cautelares “no son una sentencia definitiva” y no ponen “fin a la acción o a la pena”. Sin embargo, consideraron que los argumentos de los recurrentes, por su naturaleza y las circunstancias específicas, justifican que la solicitud sea elevada a Casación.
De este modo, Máximo y Florencia Kirchner tendrán una nueva oportunidad para intentar bloquear el decomiso de los bienes pertenecientes a Los Sauces y Hotesur, que incluyen el departamento ubicado en San José 1111, inmuebles en Madero Center y otro en Santa Cruz.
A finales de agosto, el TOF N°2 había oficializado un embargo preventivo de bienes por un monto total de $684.990.350.139,86, con el objetivo de “preservarlos” hasta que se decida su decomiso definitivo, como parte de las medidas adoptadas tras la condena en la causa Vialidad, donde Cristina Kirchner enfrenta una sentencia de 6 años de prisión domiciliaria e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
