Estas acciones buscan despejar las incertidumbres del mercado respecto a la capacidad del Gobierno para llegar a las próximas elecciones presidenciales con un respaldo financiero suficiente que permita manejar posibles episodios de volatilidad cambiaria.
El 9 de julio, el Tesoro deberá desembolsar US$4385 millones por bonos Bonares y Globales, distribuidos en US$2691 millones correspondientes a amortizaciones y US$1693 millones a intereses. Para cubrir este pago, el Gobierno ha recaudado la mayor parte de los fondos a través de emisiones en dólares realizadas en el mercado local en los últimos meses.
La consultora Invecq indica que el Tesoro completó la emisión de los bonos hard dollar AO27 y AO28, alcanzando un total de US$3936 millones. El AO27, que vence en octubre de 2027, captó US$2030 millones a una tasa media del 5,28% anual. Por su parte, el AO28, con vencimiento en octubre de 2028, ha recogido US$1906 millones a una tasa de 8,45%, mayor al ser un bono con un plazo más extenso.
Con estas colocaciones, el Tesoro cerró junio con aproximadamente US$3920 millones en su cuenta en el Banco Central (BCRA), según estimaciones de LCG. La diferencia necesaria para el pago podrá ser cubierta mediante la compra de dólares al BCRA utilizando fondos propios en pesos. La consultora estima que el Tesoro posee holdings equivalentes a unos US$4900 millones al tipo de cambio actual, suficientes para afrontar el faltante.
La presentación del lunes busca mostrar que el pago de julio forma parte de una estrategia más abarcadora. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, anticipó que el programa financiero incluirá un cronograma de vencimientos de deuda en dólares y las fuentes a emplear en cada caso. Asimismo, destacó que se trata de una hoja de ruta para la constitución de “colchones” o buffers que permitan al Gobierno llegar a 2027 con mayor tranquilidad.
Este anuncio se produce tras una semana crucial para la deuda, ya que el BCRA canceló todos los préstamos repo con bancos internacionales, asegurados por bonos soberanos, por US$6000 millones que vencían entre enero y abril de 2027. Además, se realizó una nueva operación por el mismo monto con diez entidades financieras, con vencimiento en septiembre de 2028.
De acuerdo con la consultora 1816, luego del rollover de esos repos, para el resto de 2026, las obligaciones del Tesoro y el BCRA con el sector privado y el Fondo Monetario Internacional (FMI) suman unos US$6000 millones. De este total, US$3900 millones corresponden al pago de los bonos Bonares y Globales que vencen el jueves y están en manos privadas, además de US$2000 millones al FMI —netos de desembolsos— y US$200 millones al Club de París.
En 2027, los vencimientos alcanzarán los US$18.100 millones, la mayor parte correspondiente a Globales y Bonares, con US$10.400 millones (divididos entre enero y julio), seguidos por US$5900 millones al FMI, US$1500 millones de Bopreales y US$300 millones con el Club de París.
Otra de las facetas del programa abarcará préstamos estructurados con respaldo de organismos multilaterales. El Gobierno ya tiene la aprobación del Banco Mundial para movilizar hasta US$2000 millones y cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$550 millones, lo que facilitará una operación cercana a US$1200 millones. También podría incluirse una garantía de la CAF, que se discutirá en su directorio el próximo 22 de julio. Los bancos implicados han intensificado sus gestiones con inversores en las últimas semanas.
El equipo económico subraya que su meta es evitar recurrir al mercado internacional mientras las tasas exigidas para las emisiones soberanas continúen por encima del nivel que consideran razonable, que es inferior al 8% anual.
En el último mes, el riesgo país disminuyó aproximadamente 80 puntos básicos, estableciéndose en torno a los 415 puntos, su nivel más bajo desde principios de 2018. Esta mejora se atribuye a la acumulación de reservas en el BCRA, un superávit fiscal, la desaceleración de la inflación y las recientes mejoras en la calificación crediticia del país.
Alfredo Romano, presidente de una consultora especializada, considera que la presentación del programa financiero es significativa, pues el Gobierno “se está anticipando a un posible shock cambiario asociado al proceso electoral”, tal como sucedió en 2025. “Todo lo que signifique dar claridad al inversor hacia adelante es bienvenido en un país donde lamentablemente las elecciones resultan ser binarias y cruciales para la continuidad de este programa económico”, manifestó.
Romano añadió que contar con reservas netas positivas, seguir adquiriendo dólares de manera sistemática y mantener el superávit fiscal otorgan al programa “un blindaje mucho más consistente” que el que había en septiembre de 2025. Según su perspectiva, si las señales financieras se consolidan, la disminución del riesgo país podría continuar, abriendo la puerta a nuevas colocaciones externas.
Sebastián Menescaldi, director asociado de otra consultora, argumentó que un programa financiero claro también facilitaría la reducción de la dependencia entre el Tesoro y el BCRA. “Hasta ahora, muchos de los pagos de deuda dependieron del Banco Central. Tener un programa financiero independiente sería una señal de estabilidad”, señaló. Conocer de antemano el origen de los fondos permitirá una mejor evaluación del impacto en el mercado cambiario, el crédito y el flujo de capital.
La presentación del lunes tiene como objetivo demostrar que el Gobierno no solo ha resuelto el principal vencimiento de deuda de este año, sino que también ha comenzado a establecer las fuentes de financiamiento necesarias para sobrellevar el año 2027, que se perfila como el más exigente desde el punto de vista financiero y político durante la gestión de Javier Milei.
