Durante las reuniones enfocadas en los sectores de maíz y trigo, los ministerios de Agricultura y Desarrollo Productivo, liderados por Luis Basterra y Matías Kulfas respectivamente, propusieron facilitar el acceso al crédito para productores pequeños y medianos mediante la aprobación de garantías totales o parciales que respalden los préstamos otorgados por entidades financieras a quienes demandan trigo y maíz en el ámbito local, ya sea como insumos para la ganadería o para la producción alimentaria.
Estos financiamientos, que serían gestionados por bancos tanto públicos como privados, contarían con el respaldo del Fondo de Garantías Argentino (Fogar). Esto permitiría a los productores evitar trasladar al consumidor final posibles aumentos en sus costos de producción y enfrentar más benevolentemente las fluctuaciones del mercado.
La propuesta se centra especialmente en los criadores de ganado y en los molinos de trigo, buscando mitigar el aumento de precios en productos como carne y pan.
En paralelo, el Gobierno ha solicitado a cada sector un análisis exhaustivo sobre la demanda de granos, con el objetivo de colaborar con los productores primarios y garantizar precios estables. Por ejemplo, la industria avícola ha informado que ha superado inconvenientes a corto plazo, mientras que los molinos confían en poder manejar la situación prontamente.
Otra iniciativa en evaluación, que aún está en proceso de desarrollo, es la posibilidad de ampliar las operaciones de cobertura a través del Rofex para asegurar volúmenes anticipados y precios más competitivos.
Los representantes del campo, en las mesas del maíz y del trigo, han propuesto al Gobierno la creación de un “fondo anticíclico alimentario”. Este fondo, financiado parcialmente por los ingresos adicionales que se estima recaudará el Tesoro debido al aumento inesperado de los precios internacionales de las materias primas, serviría como colchón para “desacoplar” los precios locales de los internacionales, una medida que el Ejecutivo persigue para evitar que las alzas externas impacten en el mercado interno.
De acuerdo a los estimados de quienes apoyan esta iniciativa, el Gobierno proyecta una recaudación aproximada de $ 5835 millones por derechos de exportación durante este año. Sin embargo, a precios actuales, se prevé que esta cifra podría superar los $ 8000 millones. Los productores esperan que una parte de los más de $ 2200 millones adicionales se destine nuevamente al sector, aunque se anticipa que parte de ese superávit será utilizado para cubrir la demanda de insumos importados en la industria.
Recientemente, el Gobierno ha optado por no aumentar las retenciones a los granos para no tensar su relación con el sector agropecuario, lo que podría comprometer una agenda de trabajo más amplia.
A pesar de esto, la inflación en alimentos preocupa a numerosos funcionarios, especialmente tras el reciente anuncio de que la canasta básica alimentaria, que indica el límite de la indigencia, ha crecido más de 10 puntos por encima de la inflación del 2020, con un aumento del 45,5%. En un año electoral, y con los ingresos estancados frente a la inflación, se pueden anticipar decisiones drásticas.
El jueves pasado, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, participó en una reunión del gabinete económico para informar sobre el impacto del aumento de precios globales y las gestiones que se están realizando desde el Gobierno en colaboración con la cadena agroalimentaria, con el fin de asegurar que los precios sean “razonables para la población”. Basterra admitió que “se están identificando los instrumentos para lograr un desacople de los precios”, y manifestó que el Gobierno busca implementar estas acciones “con el consenso de todos los actores”.
