Las modificaciones se darán a conocer el martes a las 16 en la Cámara Alta, en una presentación que será liderada por la titular del bloque de La Libertad Avanza, junto a los senadores que presiden las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Desde el oficialismo, se comunicó que “son acuerdos que hicimos para fortalecer el texto y que todos los que acompañan puedan entenderse representados”.
Las principales alteraciones se centran en uno de los temas más controvertidos: la eliminación de restricciones en la compra de tierras por extranjeros.
Según indicaron fuentes legislativas, uno de los aspectos donde el Gobierno debió ceder fue en la fijación de un límite para la venta de tierras a extranjeros, que se establecería entre el 20% y el 25%. Este límite resulta superior al actualmente vigente, que es del 15% a nivel nacional, provincial o municipal, y contradice la intención original del Ejecutivo de no establecer limitaciones.
Además, los bloques negociantes acordaron que serán las provincias, como gestoras de sus recursos naturales según la reforma constitucional de 1994, las que podrán autorizar, regular o vetar las ventas de tierras a extranjeros en su territorio. También propusieron eliminar los límites departamentales, argumentando que estos obstaculizan el desarrollo local. En su lugar, se establecería un límite provincial, que permitiría a cada distrito dictar su propia normativa.
Las enmiendas a la norma también contemplan que el Estado nacional se encargue de proteger las zonas fronterizas y áreas consideradas estratégicas para la seguridad nacional, además de crear un registro de tierras ocupadas por extranjeros tanto en el ámbito provincial como nacional.
Con estas modificaciones, el Gobierno espera cerrar las discusiones con los bloques aliados y avanzar con su paquete de leyes en el Senado. Mientras tanto, la oposición y grupos autoconvocados planean manifestarse frente al Congreso en contra de la eliminación de restricciones a la venta de tierras a extranjeros. La administración actual considera que esta sesión es crucial para desbloquear su agenda reformista y avanzar en sus iniciativas antes de que el calendario electoral complique los consensos parlamentarios.
