Esta iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comenzará a aplicarse con incrementos escalonados a partir del 1 de julio y el 1 de agosto.
El ajuste salarial se deriva de un acuerdo logrado el 18 de junio por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General, que previó un nuevo aumento retributivo para el personal estatal.
El mencionado decreto modifica las escalas salariales de las instituciones educativas bajo jurisdicción nacional. Por ejemplo, en la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, el cargo de Rector recibirá $222.053,90 en julio, incrementándose a $226.272,93 en agosto.
En el caso del cargo de Bedel del ISER (ENACOM), su salario se fijó en $118.132 para julio y en $120.377 para el siguiente mes. Asimismo, el salario para el personal docente que se remunera por hora cátedra en la administración central estará establecido en $8.650 en julio y $8.815 en agosto.
Además, se han fijado nuevos montos para el adicional por servicios en la Antártida destinado al personal militar, que se establecerá en $1.539.083 a partir de julio, aumentando a $1.568.326 en agosto.
Por otra parte, los profesionales del Tribunal Fiscal de la Nación verán un incremento en su “Asignación por Responsabilidad Fiscal Jurisdiccional”. Aquellos con títulos de posgrado y que provengan de la producción de sentencias de fondo recibirán un adicional de $890.556 en julio, que ascenderá a $907.476 en agosto.
La normativa también actualiza la tabla de viáticos para el personal del Servicio Exterior y para aquellos con cargos extraescalafonarios. Los montos diarios varían según la región.
Respecto a la Curia Castrense, se establecieron las remuneraciones para los integrantes del Obispado. El Obispo Auxiliar o Vicario Castrense percibirá $1.907.227 en julio y $1.943.464 en agosto, mientras que el Obispo Castrense mantendrá una remuneración equivalente a la de un Subsecretario.
La normativa especifica que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público será la responsable de dictar las normas que sean necesarias para la correcta implementación de estos nuevos valores.
Con esta decisión, el Gobierno tiene como objetivo alinear las asignaciones de estos organismos con los incrementos generales otorgados a otros sectores de la Administración Pública Nacional.
