No obstante, fuentes oficiales subrayan que el Gobierno se mantiene optimista en que la Corte Suprema desestimará el caso, lo que podría culminar, hacia finales de año y tras un período de análisis de dos a tres meses, en una decisión definitiva en Estados Unidos. De concretarse este desenlace, se daría cierre a un prolongado proceso judicial que se remonta a 2015, relacionado con la expropiación de la empresa petrolera nacional y un potencial fallo adverso por US$16 mil millones.
El análisis del Gobierno encuentra eco en las evaluaciones de Burford, que al reportar resultados trimestrales admitió que “la probabilidad de obtener más recursos en los tribunales estadounidenses es baja desde un punto de vista estadístico”. Este pronóstico se basa en el hecho de que la Corte estadounidense considera, en promedio, entre 70 y 100 casos al año de interés federal.
Sin embargo, el Gobierno mantiene una postura cautelosa, dado que el proceso judicial sigue abierto ante una posible reclamación de Burford en el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. En este contexto, el fondo había señalado que “el arbitraje es un proceso que dura varios años (un caso promedio del Ciadi dura 4,4 años), pero es totalmente capaz de alcanzar el mismo resultado que un tribunal de primera instancia estadounidense”. Asimismo, destacó que en dicho tribunal el 86% de las 51 demandas arbitrales interpuestas por inversores contra Argentina se resolvieron a favor de los reclamantes.
Pese a esto, tras el fallo favorable de la Cámara de Apelaciones de Nueva York recientemente, la Procuración del Tesoro, liderada por Sebastián Amerio, reiteró que “la decisión del tribunal, que niega la solicitud de revisión del fallo por parte de todos los jueces activos de la Cámara de Apelaciones, respalda legalmente la posición de la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”.
Mientras tanto, el equipo jurídico del Estado sigue gestionando otros litigios pendientes, como el relacionado con el Cupón PBI en Londres por 1330 millones de euros. Paralelamente, el Gobierno aguarda la aprobación del Congreso para avanzar en un acuerdo que asciende a US$171 millones con los fondos Bainbridge y Attestor, derivado del default de 2001, que será tratado este jueves en el Senado.
