El Senado avanza en la actualización del porcentaje de biocombustibles

El corte de biocombustible se refiere a la cantidad mínima obligatoria de combustible de origen vegetal que debe mezclarse con los combustibles fósiles tradicionales antes de ser despachado en las estaciones de servicio. En Argentina, la legislación vigente —la Ley 26.093, aprobada en 2006, y su sucesora, la Ley 27.640 de 2021— estipula que la nafta debe incluir al menos un 12% de bioetanol (producido a partir de caña de azúcar o maíz) y que el gasoil debe integra un 7,5% de biodiésel (principalmente derivado de la soja). Esta mezcla es obligatoria para todas las petroleras y distribuidoras que operan en el mercado interno, y el Estado nacional fija su porcentaje con la finalidad de reducir las importaciones de combustibles fósiles, disminuir las emisiones de dióxido de carbono y promover la producción agroindustrial local.

El oficialismo logró avanzar en el Senado de la Nación con un nuevo marco regulatorio para el biocombustible.

Después de años de debates e intentos fallidos, un plenario de las comisiones de Presupuesto, Minería, Energía y Combustibles logró consensuar un dictamen que modifica el porcentaje de corte para el combustible de origen vegetal.

El plenario había sido suspendido la semana anterior, el 26 de agosto, donde comenzó el análisis de diversos proyectos presentados por distintos bloques. Entre los mismos se encontraban los de Beatriz Ávila (Independencia), José María Carambia y Natalia Gadano (Movere Santa Cruz), Alejandra Vigo y Carlos Espínola (Provincias Unidas), Patricia Bullrich (LLA), Flavia Royón (Primero los Salteños), Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones) y Jorge Capitanich (PJ). El foco del debate giraba en torno al porcentaje de corte con la intención de modificar la legislación actual.

El dictamen, que será presentado para su firma y estará listo para ser debatido en el recinto en un plazo no menor a siete días, establece como principal eje la modificación de los porcentajes de corte de los biocombustibles.

Según lo expresado por la senadora Ávila, “después de muchos años logramos avanzar en un nuevo marco regulatorio que establece elevar el corte de bioetanol de 12% a 15%”. Aunque la senadora tucumana había propuesto un aumento al 18%, destacó que lo importante es que se logró un avance, aun siendo menor de lo esperado.

En este aumento del corte para el bioetanol, el nuevo 15% se divide en un 6% para la caña de azúcar, un 6% para el maíz y un 3% queda para la libre competencia.

Respecto al biodiésel, los senadores también sugirieron elevaciones, llevando el porcentaje de corte del 7,5% actual al 10%, en caso de que el texto sea aprobado sin cambios.

Sin embargo, dado que se trata de un proyecto impulsado por las provincias productoras de biocombustibles que deseaban un porcentaje mayor —considerando que el desafío radica en el traslado de precios en las estaciones de servicio—, el dictamen incluye un artículo que permite a las provincias aumentar su cuota si así lo deciden, siempre que presenten una justificación correspondiente.

En Argentina operan alrededor de 50 plantas industriales de biocombustibles, tanto de biodiésel como de bioetanol. De este total, 32 plantas producen biodiésel tanto para el mercado interno como para exportación, situándose principalmente en Buenos Aires y Santa Fe, en especial en la zona del Gran Rosario, donde se encuentra el puerto privado más grande del país. Mientras tanto, existen 18 plantas de bioetanol en el país, que obtienen su insumo de caña de azúcar en Tucumán, Jujuy y Salta, y de maíz en Córdoba, San Luis y Santa Fe.

“Represento a una provincia petrolera, pero esta es una ley que beneficiará a otras provincias y, además, abrirá la puerta a inversiones que llevan años en espera de este cambio”, expresó el senador neuquino Pablo Cervi, de postura libertaria.

Las modificaciones también incluyen un plazo de un año para que el sector incrementa del 12% al 15% en bioetanol y del 7,5% al 10% en biodiésel, lo que permitirá que aquellos que necesiten adaptar sus instalaciones puedan hacerlo.

Además, se establece un mínimo del 3% para las sociedades no integradas —pymes independientes que participan en un solo eslabón de la cadena productiva—. Este nuevo marco regulatorio tendrá validez hasta 2037, con el objetivo de proveer previsibilidad para las inversiones productivas.