La Dirección General de Aduanas ha puesto la mira sobre rubros que tienden hacia la subfacturación de exportaciones. En efecto, los análisis de riesgo realizados durante 2023 han detectado 3.376 casos de subfacturación de exportaciones —concretamente, la Aduana advierte sobrefacturaciones de USD 73.921.273,61 en exportaciones de carne, porotos, medicamentos, azúcar, grasas, aceites, harina de carne, huesos, pieles, cueros, ajos, cebollas, aceitunas, sorgo, harina de pellet, químicos, aparatos mecánicos, pesca, merluza y expellers de soja.
Dado que las operaciones en cuestión fueron declaradas en USD 227.411.185,46, cerca de 1 de cada 4 dólares de las maniobras estudiadas no ingresó a la Argentina en forma debida.
La mayor irregularidad corresponde al rubro grasas y aceites, que declaró 357 operaciones en un valor de USD 20.359.934,05 —no obstante, a partir de análisis de bases de datos y cruces de información con otras aduanas del mundo, el organismo que dirige Guillermo Michel ha constatado una diferencia de USD 16.185.128,74 que no fue registrada debidamente en las exportaciones: una subfacturación del 44%.
Dicho eso, la falta más grande en términos porcentuales corresponde al rubro comprendido por productos químicos y aparatos mecánicos que, habiendo registrado 70 operaciones en un valor de USD 3.565.752,80, obvió reconocer la facturación de USD 12.086.277,71: una subfacturación del 77%.
Así, los analistas de riesgo de la Aduana han constatado patrones de comportamiento que se replican de un operador a otro y que incluyen prácticas no deseadas como las triangulaciones nocivas y las ventas sucesivas fraudulentas
Las operaciones tienden hacia la utilización de un único (o principal) cliente, con el objeto de simular una compraventa internacional triangulada para así justificar la sustancial diferencia entre los precios registrados en la Argentina y en los países de destino de las mercaderías —la maniobra indebida resulta en una liquidación de divisas considerablemente menor. Algunos de los indicadores de riesgo elaborados a partir del análisis sistémico realizado por la Aduana son los siguientes:
- Intervención de un tercer operador carente de sustancia económica que, en la mayoría de los casos, resulta ser el único cliente del exportador argentino.
- Márgenes de las operaciones intermediarias sumamente desproporcionados respecto de las prácticas comerciales usuales.
- Precios de compraventa internacional divorciados de las tendencias del mercado, con diferencias sustanciales respecto de los valores observados en operaciones comparables —o incluso de los precios oficiales que establece el Estado argentino para exportaciones.
- Falta de declaración de vinculaciones entre las empresas intervinientes en la transacción
- Incapacidad de fundamentar la intervención de un tercer operador, habiendo antecedentes de ventas directas del operador argentino a los mismos clientes con los que, en un momento dado, comienza a operar en forma indirecta.
- Participación de exportadores que no cumplen con los requisitos de solvencia económica y, aún así, registran en el corto plazo operaciones por volúmenes y montos llamativos, que no se corresponden con su capacidad patrimonial.
En base a estos perfiles e indicadores, la Dirección General de Aduanas ha diseñado una matriz de riesgo que le permite detectar operaciones irregulares, lo cual se ha traducido en numerosas denuncias contenciosas —es decir, radicadas en sede administrativa— e incluso, penales —en el ámbito judicial.
