Para que esta herramienta se aplique en caso de explotación petrolera, el Congreso debería ampliar su alcance. Además, se plantean dudas respecto a la jurisdicción argentina, el derecho a la defensa y la viabilidad de ejecutar una eventual condena.
El presidente Javier Milei presentó un conjunto de medidas destinadas a fortalecer el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, que incluye un endurecimiento de las sanciones para las empresas que exploten recursos naturales en el área bajo control británico.
Entre los anuncios más destacados se encuentra la posibilidad de recurrir al juicio en ausencia para avanzar con acciones penales contra quienes participen en estas actividades y no comparezcan ante la justicia argentina.
Sin embargo, la legislación actual no permite que el juicio en ausencia se aplique directamente a casos relacionados con la explotación petrolera en Malvinas, según indicaron abogados expertos. Este mecanismo excepcional permite que un proceso penal avance hacia una sentencia, incluso si el acusado no está presente en el tribunal. Fue incorporado al Código Procesal Penal de la Nación y al Código Procesal Penal Federal a través de la Ley 27.784, aprobada en febrero de 2025 y difundida en marzo de ese mismo año, aunque su uso está restringido a ciertos delitos específicos.
El artículo 431 ter del Código Procesal establece que el juicio en ausencia es aplicable únicamente a delitos tipificados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tales como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión, así como a instrumentos internacionales relacionados con el terrorismo.
Esto implica que la legislación argentina no contempla un juicio en ausencia de manera general para cualquier individuo que se encuentre fuera del país o se niegue a comparecer.
La necesidad de incluir esta herramienta en el marco legal argentino surgió a raíz de la investigación por el atentado a la AMIA, pues varios de los acusados han estado fuera del alcance de la justicia nacional durante años. Originalmente, el gobierno de Milei propuso esta iniciativa con el objetivo de impedir que los responsables del atentado esquiven la justicia.
La reforma finalmente aprobada permitió avanzar con juicios en ausencia en causas relacionadas con terrorismo y otros delitos internacionales. En 2025, así se decidió en el caso del atentado a la AMIA, que se convirtió en el primer caso práctico de aplicación de la nueva legislación.
El juez federal Daniel Rafecas autorizó en junio el juicio en ausencia contra los imputados iraníes y libaneses que fueron considerados rebeldes. Sin embargo, el principal obstáculo es que la explotación de hidrocarburos en Malvinas no encuadra dentro de las tipificaciones que habilitan el juicio en ausencia.
La legislación vigente sobre hidrocarburos en Malvinas contempla sanciones para actividades realizadas sin la debida autorización argentina. El Gobierno ahora busca modificar y endurecer ese marco, incluyendo a empresas, accionistas y proveedores vinculados con esos proyectos.
Sin embargo, crear o agravar una figura penal es diferente a habilitar que una investigación resulte en un juicio en ausencia. Para ello, el Congreso debe especificar que esos delitos son pasibles de juicio sin la presencia del acusado.
Además, surge la interrogante sobre los límites de la jurisdicción argentina. Las personas y empresas que podrían ser objeto de esta medida operan en un territorio cuya soberanía es reclamada por Argentina, pero que actualmente administra el Reino Unido. El proyecto Sea Lion, en el centro de la controversia, es impulsado por empresas vinculadas a la explotación petrolera. El Reino Unido mantiene su posición en torno a las islas, y dichas empresas consideran válidas las autorizaciones para avanzar con su proyecto.
Por lo tanto, aunque Argentina emita una condena, surgen grandes dudas sobre cómo se podría detener a alguien que se encuentra en territorio británico, o cómo se ejecutaría una resolución, incluyendo la posibilidad de una orden de captura.
El juicio en ausencia podría permitir que un tribunal argentino dicte una sentencia sin la presencia del acusado, pero no elimina las reglas internacionales relacionadas con jurisdicción, extradición y el reconocimiento de las decisiones judiciales de otros Estados. La emisión de una sentencia no garantiza la detención automática de una persona en otro país. Además, la figura respeta el derecho de defensa, ya que la Ley 27.784 estipula que si el imputado carece de abogado, se le asignará un defensor oficial y sus derechos serán ejercidos por su defensa durante todo el proceso. También debe registrarse íntegramente el juicio por medios audiovisuales.
La ley prevé igualmente una protección posterior: si una persona condenada en ausencia se presenta después del fallo, tiene el derecho a solicitar un nuevo juicio si demuestra que no tuvo conocimiento del proceso, o que había razones válidas y serias que impidieron su comparecencia.
Por lo tanto, cualquier intento de extender esta herramienta para incluir delitos relacionados con Malvinas debería también considerar el control judicial sobre su compatibilidad con las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa. El camino que propone Milei es, en principio, de carácter legislativo.
El presidente anticipó el envío de un proyecto al Congreso para endurecer las sanciones relacionadas con la explotación de recursos naturales en Malvinas y establecer nuevas herramientas para la defensa de la soberanía. Entre las medidas anunciadas se encuentra la posibilidad de recurrir al juicio en ausencia.
De este modo, el Congreso deberá deliberar no solo sobre qué conductas se penalizarán, sino también si dichas conductas podrán ser juzgadas sin la presencia del acusado. Este aspecto es crucial, ya que la Ley 27.784 fue diseñada con restricciones deliberadas: el juicio en ausencia está reservado para delitos de grave consideración, fundamentalmente aquellos vinculados con el terrorismo y los crímenes previstos en el Estatuto de Roma.
El anuncio del presidente inicia un debate que trasciende el ámbito de Malvinas. Si bien el juicio en ausencia está vigente en Argentina, no es una herramienta penal de aplicación general. Su implementación en un eventual caso contra empresarios, directivos o trabajadores asociados a la explotación petrolera en Malvinas requeriría una modificación legislativa que amplíe los delitos a los que se aplica.
Incluso con algunas reformas, subsisten interrogantes sobre la jurisdicción argentina en relación con estos hechos, el respeto por el derecho a la defensa, el reconocimiento de una posible sentencia en el extranjero y, lo más importante, la posibilidad de llevar a cabo una condena sobre personas que se encuentren fuera del alcance territorial de la justicia argentina.
El caso de la AMIA evidenció el propósito original de esta herramienta: evitar que la dificultad de traer a un acusado al país paralice durante décadas una investigación por terrorismo. Sin embargo, el reto que plantea el Gobierno en esta ocasión es diferente: trasladar ese mecanismo a un conflicto de soberanía y explotación de recursos. Por esta razón, el anuncio de Milei marca el inicio de un nuevo debate legislativo sobre la extensión y aplicación del juicio en ausencia en Argentina.
