Si bien esta reforma es crucial para el ministro Luis Caputo, el panorama legislativo se presenta complicado, ya que el oficialismo enfrenta varios desafíos para lograr su aprobación de manera rápida.
La iniciativa, que fue enviada a la Cámara de Diputados, llega en medio de fuertes críticas por parte de la oposición. Su aprobación inicial se obtuvo en la madrugada con los votos justos, lo que indica que el respaldo no es abundante para este segundo intento.
Varios bloques han presentado propuestas para excluir a funcionarios públicos y sus familiares del régimen fiscal, luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti se adhirieran al programa en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
“Si no se modifica lo relativo a las Personas Políticamente Expuestas (PEP) y el control fiscal, me parece complicado que contemos con el apoyo”, comentó una diputada que mantiene un diálogo fluido con el oficialismo, pero que votó en contra del régimen en la primera votación. “Es una vergüenza”, añadió, en alusión al hecho de que los funcionarios puedan acceder a este régimen.
El diputado Esteban Paulón presentó, semanas atrás, una propuesta para excluir explícitamente del régimen a funcionarios públicos y a sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, abarcando cargos como presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros, legisladores, jueces y embajadores. En el Senado, Juliana Di Tullio, del bloque Popular, impulsa un proyecto similar.
Al enterarse de que la nueva propuesta gubernamental no contemplaba esta exclusión, Paulón expresó en una red social: “Siga, siga el festival de impunidad”. El legislador sostuvo que el Gobierno “busca incluir a apolíticos, funcionarios y familiares en el blanqueo permanente”.
Adorni y su esposa no son los únicos en acogerse al régimen; también lo han hecho otros funcionarios y figuras del oficialismo, como el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el ex diputado nacional José Luis Espert, investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico; el cineasta Santiago Oría; Andrés Vázquez, titular de ARCA, y Felipe Núñez, director del Banco de la Nación Argentina (BNA) y asesor de Caputo.
Por otro lado, desde un bloque aliado al oficialismo defendieron la iniciativa, argumentando que la regularización impositiva ante ARCA no se relaciona con las causas penales por enriquecimiento ilícito o lavado de activos que podrían enfrentar los funcionarios, asegurando que la Unidad de Información Financiera (UIF) conserva sus facultades de control, independientemente de la adhesión al régimen simplificado.
“No tiene relación tener en regla a ARCA con una causa penal. Si eres funcionario, enfrentas el proceso por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito sin recibir beneficio alguno, salvo el fiscal”, sostuvo un legislador. “El problema es para la AFIP; la UIF sigue monitorizando y puede realizar denuncias, además de que cualquier persona puede denunciar solo por la declaración jurada. Se mezclan temas que no están relacionados”, agregó.
Desde el oficialismo, no prevén enfrentar grandes dificultades para aprobar el proyecto, a pesar de la reapertura del debate en torno a Adorni: “Saldrá sin problemas”, aseguraron fuentes del bloque tras la presentación del ministro de Economía. La Libertad Avanza, mientras tanto, enfrenta dificultades con sus principales reformas, y la Mesa Política confía en que el segundo semestre acelere la agenda de iniciativas.
Para entender el panorama legislativo del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, es fundamental recordar cómo se aprobó la primera versión de la ley. La media sanción en Diputados se obtuvo el 17 de diciembre de 2025, con un margen ajustado: 130 votos a favor, 107 en contra, 2 abstenciones y 16 ausencias.
El oficialismo contó con el apoyo unánime de los bloques de LLA, PRO y UCR, además de legisladores de espacios provinciales vinculados a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
Unión por la Patria, por su parte, concentró la mayoría de los votos en contra, con 86 legisladores oponiéndose y 7 ausencias, mientras que en Provincias Unidas hubo una votación mayoritariamente negativa, salvo por el diputado Sergio Capozzi, de Río Negro.
En el Senado, la normativa se convirtió en ley el 26 de diciembre de 2025, con un respaldo más amplio: 43 votos a favor y 26 en contra. Los bloques de LLA, UCR y PRO votaron de manera unánime, sumando el respaldo de los espacios de Sáenz, Jalil, Passalacqua y Jaldo, además del voto positivo del senador correntino Carlos “Camau” Espínola, de Provincias Unidas.
Los votos negativos provinieron de los bloques Justicialista, Frente Cívico por Santiago, Convicción Federal y Justicia Social Federal. El oficialismo espera replicar ese esquema de alianzas para lograr la aprobación de la reforma que ahora ha sido presentada en Diputados, con la meta de convertirla en ley durante agosto.
El proyecto, que consta de tres títulos, busca modificar las leyes 11.683 y 27.799, redefiniendo el concepto de “discrepancia significativa”, lo que permite a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impugnar la declaración jurada simplificada y anular la presunción de exactitud.
Según la propuesta, se configurará discrepancia cuando la impugnación muestre un incremento en el impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% de lo declarado; cuando la diferencia supere el monto establecido por el Régimen Penal Tributario, o si se utilizan facturas apócrifas o se computan ingresos improcedentes.
Además, la iniciativa introduce un umbral mínimo del 5% respecto del monto del régimen penal tributario, de tal modo que no se considerará discrepancia significativa si se está por debajo de este porcentaje, aun si se supera el 15%.
El proyecto también plantea que todas las personas residentes en el país, así como sucesiones indivisas, podrán optar por la modalidad simplificada, eliminando los límites de ingresos y patrimonio que existían previamente. Los Grandes Contribuyentes Nacionales solo podrán adherirse con el fin de que ARCA les preliquide el impuesto, sin poder acceder a las presunciones ni beneficios del régimen.
Asimismo, se establece un mecanismo de reintegro en un plazo de 45 días hábiles para los casos en que una impugnación de ARCA sea revocada en instancias administrativas o judiciales, y se limita el uso de ciertas presunciones del artículo 18 de la Ley 11.683 a un carácter meramente indicativo. El segundo título del proyecto actualiza las escalas de multas por infracciones laborales en el sector rural, según lo previsto en la Ley 25.191, con ajuste automático anual por UVA a partir de 2027.
El ministro Caputo había presentado las directrices del proyecto en una conferencia de prensa el miércoles, junto a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y un grupo de expertos tributarios convocados por el equipo económico. El funcionario enfatizó que el propósito de la norma “no cambia absolutamente nada” y que la intención es que quienes informalizaron sus ahorros debido a las restricciones cambiarias “los formalicen en el sistema bancario sin ninguna penalidad”.
Afirmó además que mantener dólares fuera del sistema financiero “es un muy mal negocio”, y explicó que el nuevo texto se desarrolló a partir de una mesa de trabajo con asesores tributarios, en respuesta a las inquietudes que generó la primera versión de la ley. De acuerdo con datos oficiales, alrededor de 330,000 contribuyentes han optado hasta ahora por el Régimen de Declaración Jurada Simplificada, aunque solo 170,115 han presentado efectivamente su declaración.
