La comunicación oficial de los acreedores se produjo luego de que el Congreso aprobara los acuerdos económicos negociados meses antes con ambos fondos, cumpliendo así con el requisito legislativo para habilitar el desembolso.
De acuerdo a la documentación judicial, Bainbridge presentó el 29 de julio un escrito ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York—jurisdicción que concentra la mayoría de los casos por deuda en default, bajo la dirección de la jueza Loretta Preska tras el fallecimiento del histórico juez Thomas Griesa—donde notificó que la sentencia había sido cumplida.
El escrito subraya que el 1° de diciembre de 2020, la Justicia neoyorquina dictó un fallo favorable a Bainbridge por sus tenencias de bonos en default, y que el 1° de abril de 2026, se firmó un acuerdo de cierre entre el fondo y Argentina, mediante el cual Bainbridge aceptó una suma como cancelación total de capital, intereses y demás reclamos relacionados con los bonos. “El fallo a favor de Bainbridge quedó totalmente satisfecho con el pago”, señala el documento.
Con este avance, ambos fondos—que junto con otros acreedores formaban el núcleo de los llamados holdouts, aquellos bonistas que no aceptaron los canjes de deuda posteriores al default—dejarán de ser litigantes activos contra el país.
Según lo informado por el Gobierno en el Boletín Oficial, Bainbridge recibió US$67 millones como parte del acuerdo aprobado por el Congreso. Attestor, por su parte, habría recibido una cifra aproximada de US$104 millones, aunque el texto completo de su acuerdo no fue hecho público.
La ley que permitió los pagos fue aprobada por el Congreso a fines de junio y publicada el 1° de julio en el Boletín Oficial. Esta ley habilitó dos acuerdos diferentes: uno con Bainbridge y otro con un grupo de fondos liderado por Attestor Master.
El Tesoro había indicado que ambos pagos se registrarían en las cuentas públicas como “servicios de la deuda”, aunque aún quedaba pendiente definir el momento exacto del desembolso. Esta cuestión, a la luz de lo que ahora confirman los fondos ante la Justicia, ya ha sido clarificada.
Con el acuerdo cobrado y las causas en proceso de cierre, Argentina avanza en la resolución de otro conflicto heredado de la crisis de 2001. Sin embargo, siguen existiendo reclamaciones de bonistas individuales—que carecen de la presión que ejercen los grandes fondos litigantes—por alrededor de US$2000 millones por el default, además de otros litigios en el exterior que totalizan aproximadamente US$10.000 millones.
