En su presentación, Dalbón amplió la denuncia contra el ministro de Economía y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), así como contra el superintendente de Entidades Financieras, Juan Ernesto Curutchet, y el subsuperintendente Nicolás Marcelo Ferro, miembro del directorio.
El abogado solicitó interrogar a los cuatro implicados, destacando que “lo aquí novedoso, Señor Juez, se vincula con la necesidad de establecer cómo se seleccionó a la contraparte, qué costo total tuvieron las operaciones y si alguien percibió una ventaja indebida”.
La presentación se enmarca dentro de la causa 4971/2026 que se tramita ante el juez Ariel Lijo, y se fundamenta en la revelación realizada el 18 de septiembre sobre que el Deutsche Bank fue una de las contraparte en el negocio, elaborado cuando Caputo fue director y Bausili tuvo un alto cargo. La pérdida, que había sido anticipada anteriormente, fue confirmada posteriormente por la Auditoría General de la Nación (AGN) al aprobar el balance 2025 del Banco Central.
Según informes de la AGN, las pérdidas en las operaciones relacionadas con el oro se desglosan en 960,2 millones de dólares por “resultado negativo por opciones” y 62,8 millones en primas, cubriéndose con egresos de divisas, lo que implica que se liquidaron dólares directamente de las reservas.
El BCRA adquirió un seguro para protegerse ante una eventual caída del oro, pagándolo al otorgar a entidades bancarias el derecho a adquirir el metal a un precio mayor a 3.000 dólares la onza. Sin embargo, el oro terminó cotizando por encima de 4.000 dólares, lo que obligó al Banco Central a cubrir la diferencia.
El escrito menciona que Caputo y Bausili tuvieron un vínculo con el Deutsche Bank, y que el presidente del Central ya había sido objeto de investigaciones por posibles negociaciones incompatibles con su función, relacionadas con contrataciones que habrían favorecido a esa misma entidad. Además, el BCRA se negó a brindar a la AGN copias de los contratos en cuestión, que incluyen detalles sobre las condiciones pactadas y los responsables de autorizarlas.
No se tiene conocimiento sobre cuánto cobraron los bancos en concepto de comisiones, aunque se menciona una cifra superior a 60 millones de dólares que se conoció públicamente.
Dalbón subraya que las pruebas son tanto documentales como electrónicas, y que están en poder de un organismo cuyos altos directivos son precisamente los denunciados. Advierte que “la información puede ser modificada, ocultada o suprimida con facilidad por quienes tienen acceso a ella”. Por ello, solicita que se realicen copias de los correos de la presidencia del BCRA y otros sectores relevantes de 2024 y 2025, junto con registros de acceso y cambios. En caso de que el juez no autorice el allanamiento, pide, al menos, una orden de presentación con la imposición de conservar la documentación.
La situación de Ferro, nuevo implicado en la causa, está relacionada con su posición en el directorio, que según la normativa debe participar en decisiones que impacten el mercado monetario y cambiario. La investigación debe definir si tuvo injerencia en la aprobación, control o ratificación de las operaciones y en la elección de las contrapartes.
Además del mencionado allanamiento, Dalbón sugiere varias acciones para esclarecer quiénes se beneficiaron con el oro argentino:
Solicitar al BCRA que detalle cómo eligió a cada contraparte, las invitaciones y ofertas recibidas, así como quién propuso las operaciones.
Exigir un desglose total de costos, incluyendo comisiones, honorarios y márgenes, especificando a quién se le abonó cada concepto.
Requerir al Deutsche Bank la entrega de contratos y una aclaración sobre posibles comisiones o retrocesiones a terceros, incluyendo los nombres de los beneficiarios.
Consultar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre si tienen reportes sobre estas operaciones.
Preguntar a la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos si se registraron pagos a funcionarios argentinos relacionados con este negocio.
Designar peritos contadores y expertos en derivados para evaluar el perjuicio.
Los delitos denunciados incluyen administración fraudulenta en detrimento de la administración pública (con penas de dos a seis años de prisión) y abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. En caso de establecerse una estructura estable, se podría sumar la acusación de asociación ilícita (con penas de tres a diez años).
Así, la interrogante que surgió del informe de la AGN -si el Banco Central sufrió una pérdida de 1.023 millones, ¿quién se benefició?- ya tiene un primer implicado. Lo que resta por descubrir es si otros actores también obtuvieron ganancias en este proceso.
