La resolución afecta a las organizaciones criminales mexicanas mencionadas y también incluye a las guerrillas colombianas “Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas – Ejército del Pueblo (FARC-EP)” y “Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, así como a la organización ecuatoriana conocida como “Los Tiguerones”.
El comunicado, firmado por el presidente Javier Milei, proporciona una descripción detallada de las organizaciones y el razonamiento detrás de su clasificación como “terroristas”. En el caso del “Cártel de Sinaloa”, se indica que es una “organización transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas”, que ya ha sido designada como grupo terrorista por diversas naciones, incluyendo Estados Unidos.
Esta acción se produce tras la creación, a inicios de octubre, de una “unidad regional” en Argentina por parte del gobierno de EE.UU., vinculada a la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL). En este contexto, se aprobó un fondo superior a los 13 millones de dólares para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
En la presentación de esta iniciativa, participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y Terry Cole, director de la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE.UU.
De los fondos asignados, se destinarán 7,5 millones de dólares a proyectos de cooperación en Argentina, mientras que otros 5,85 millones financiarán iniciativas para toda la región, donde también se incluirá la participación de Argentina.
Respecto a “La Nueva Familia Michoacana”, el Gobierno destacó su especialización en el tráfico internacional de drogas y en la minería ilegal, mientras que “Los Tiguerones” fueron señalados como una de las organizaciones más violentas de la región.
Por su parte, las FARC-EP y el ELN fueron descritas como agrupaciones “guerrilleras insurgentes de extrema izquierda”, fundamentadas en la ideología del marxismo-leninismo y la revolución armada.
Finalmente, el comunicado también detalla otra medida oficial que indica que “el Gobierno Nacional ha decidido su inclusión en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)”, en una decisión coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia del Estado.
