Este cambio, que ha trascendido a través de un borrador del proyecto de ley, abarca una serie de medidas y su principal propuesta es reemplazar el actual aporte obligatorio de productores y frigoríficos por un sistema de contribuciones voluntarias, complementado por donaciones, legados, ingresos por servicios y rentas del propio fondo.
Si bien la iniciativa no contempla la eliminación del instituto, sí altera el mecanismo que ha sustentado su funcionamiento desde su creación por la Ley 25.507. El proyecto prevé un período de transición que se extenderá hasta 2027, donde se realizaría una reducción progresiva de los aportes obligatorios, con la intención de que a partir del 1° de octubre de 2027 dichas contribuciones sean completamente voluntarias. Además, instruye a Senasa y la Secretaría de Agricultura a detener la recaudación de estos aportes a partir de esa misma fecha, cerrando así el actual esquema de financiamiento.
Esta propuesta ha provocado una inmediata respuesta de prácticamente toda la cadena bovina. En un comunicado conjunto, las organizaciones de la Mesa de Enlace—que incluye a la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro—junto a las cámaras frigoríficas más importantes, expresaron su apoyo al IPCVA y cuestionaron el cambio propuesto por el Gobierno.
Las entidades resaltaron que el instituto representa una herramienta fundamental para el desarrollo de la cadena y advirtieron que este nuevo esquema “pondría en riesgo” su continuidad. Uno de los puntos más contundentes del comunicado establece que “las propuestas de implementar un arancelamiento voluntario significarían, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA”, argumentando que un sistema basado únicamente en aportes voluntarios no aseguraría los recursos esenciales para mantener su actividad.
Además, se recordó que los principales países productores y exportadores de carne, como Australia, Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay, disponen de organismos de promoción similares financiados mediante aportes sectoriales, en algunos casos complementados con fondos públicos.
En la actualidad, el IPCVA se financia a través de contribuciones obligatorias de productores y frigoríficos, según lo establecido en la Ley 25.507, lo que permite llevar a cabo campañas de promoción de la carne argentina tanto en el mercado local como internacional, realizar estudios técnicos, generar inteligencia comercial y facilitar la apertura de nuevos mercados.
Mientras el Gobierno intenta sustituir este esquema por mecanismos voluntarios, el sector cárnico sostiene que este cambio pone en peligro una de las pocas herramientas de promoción sectorial que se han construido y mantenido por consenso durante más de veinte años. Sin embargo, el debate va más allá de la simple continuidad del instituto; este se inscribe dentro del paquete de desregulación que impulsa Sturzenegger y refleja una profunda discrepancia en torno al rol de los aportes obligatorios administrados por entidades público-privadas.
