La Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026 tienen como objetivo aportar mayor claridad al marco legal y facilitar la interpretación de la normativa estatal, eliminando ambigüedades regulatorias y reduciendo la incertidumbre jurídica. A su vez, el Gobierno avanza hacia la media sanción en el Senado de la Ley Hojarasca, propuesta por el ministro Federico Sturzenegger, que busca derogar y modificar más de 70 normas vigentes para disminuir la sobrerregulación y avanzar en la desburocratización del Estado.
En la norma se detalla que las disposiciones derogadas fueron establecidas bajo marcos regulatorios que ya han sido modificados o derogados, como la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas, lo que ha llevado a que “han perdido su objeto y aplicabilidad”.
Entre las normas anuladas se encuentran resoluciones relacionadas con el control de precios de ciertos productos, requisitos informativos para la comercialización de bienes, procedimientos de autorización para importaciones, programas de fomento al consumo y medidas asociadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.
El Gobierno argumentó que “la proliferación normativa ha conducido a la superposición, desactualización y dispersión de normas”, creando confusión acerca de cuáles siguen vigentes. Esta discrepancia, según la administración actual, ha provocado “una inseguridad jurídica para los ciudadanos que limita el libre desarrollo de su vida”.
La resolución también enfatiza la necesidad de realizar una revisión constante de la normativa para que el Estado “se concentre en regulaciones relevantes y prioritarias” y pueda brindar respuestas más ágiles y transparentes.
Esta medida se suma al proceso de simplificación regulatoria que mantiene el Gobierno y avanza paralelamente al proyecto de Ley Hojarasca, que ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados y propone la eliminación de numerosas leyes que se consideran obsoletas o incompatibles con el marco normativo actual.
La derogación masiva de leyes pretende eliminar más de 70 normas vigentes, muchas de las cuales fueron sancionadas hace años, bajo el argumento de que han perdido su aplicación práctica, han sido superadas por legislaciones posteriores o pertenecen a contextos históricos que ya no existen.
El proyecto abarca leyes que han sido reemplazadas por regulaciones contemporáneas, como aquellas relacionadas con la vacunación, hidrocarburos o beneficios específicos contemplados en normativas más amplias.
Asimismo, se incluyen regulaciones que han quedado desactualizadas ante avances tecnológicos y cambios productivos, tales como las que se refieren a microfilmación de documentos, televisión a color o métodos antiguos de almacenamiento y comunicación.
La propuesta también busca eliminar leyes que establecen controles sobre reuniones privadas, circulación o actividades culturales, muchas de las cuales fueron implementadas en períodos de fuerte intervención estatal o durante gobiernos de facto.
Se prevé la eliminación de normativas que crean organismos, comisiones o fondos considerados innecesarios o con funciones redundantes, así como trámites administrativos que se califican como superfluos o sin utilidad actual.
Además, se contemplan derogaciones de normas relacionadas con entidades que ya no operan o programas sin implementación que, no obstante, siguen vigentes en el sistema legal.
Además, el proyecto incluye modificaciones a leyes para retirar financiamiento estatal a organismos como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, que deberán financiarse con recursos propios.
La iniciativa plantea la eliminación de normas que ofrecen beneficios a ciertos sectores o actividades, con el objetivo de evitar distorsiones y desigualdades dentro de un mismo ámbito.
Finalmente, se busca reducir la cantidad de normas vigentes para facilitar su conocimiento y cumplimiento tanto para los ciudadanos como para las empresas, estableciendo un marco que premia la idea de que los derechos no necesitan ser creados por ley y que debería prevalecer un sistema en el que todo esté permitido, salvo lo expresamente prohibido.
