Este proceso podría extenderse entre cinco y diez años. El Ciadi se especializa en gestionar arbitrajes y conciliaciones en disputas entre inversores extranjeros y gobiernos.
Argentina presenta un historial desfavorable en este tribunal, con un 85% de las demandas fallando en contra, como ocurrió en el caso de la expropiación de Aerolíneas Argentinas al violar un acuerdo comercial con España.
El proceso de constitución del tribunal arbitral comenzará ahora y se extenderá durante 90 días. Una vez establecido, las partes involucradas definirán el calendario que regirá las distintas fases del procedimiento. Es importante señalar que la información sobre este tipo de procesos suele ser más reservada, dado que la confidencialidad es una parte fundamental de las normativas del tribunal.
La Procuración del Tesoro ya está preparando la estrategia de defensa del país, indicando que esta situación había sido anticipada, dado que los demandantes habían señalado previamente su intención de recurrir a esta instancia, lo que llevó a la Procuración a preparar sus argumentos con antelación.
“La República defenderá su posición con la misma firmeza con la que lo hizo en el frente judicial. Vamos a seguir defendiendo los intereses del país en cada una de las instancias que se planteen”, afirmó el representante de la Procuración.
Este nuevo reclamo surge tras un fallo favorable para Argentina en marzo, cuando la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anuló la condena de la juez Loretta Preska, que había ordenado compensar a Burford.
Con un costo que ya asciende a US$ 5.000 millones más intereses, tras la aceptación por parte de Argentina de pagar a Repsol en 2014 por el 51% expropiado, la decisión judicial significó un alivio, evitando un desembolso de US$ 16.100 millones más intereses. Sin embargo, aún no se trata de una victoria definitiva.
La demanda ante el Ciadi es solo una de las alternativas que Burford está considerando para revertir la decisión de la corte neoyorquina. Otra opción que se evalúa es presentar un pedido de revisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos respecto al fallo de la Corte de Apelaciones. Convencer a cuatro de los nueve jueces de la Corte sobre la relevancia del caso para el sistema financiero estadounidense no será sencillo.
El máximo tribunal es extremadamente selectivo en sus decisiones: recibe entre 7.000 y 8.000 solicitudes de revisión anuales, pero solo acepta alrededor de 100, enfocándose en temas específicos de importancia para el país. Las probabilidades de que el caso sea considerado son poco más del 1%.
La Corte interviene generalmente en situaciones donde existen fallos contradictorios entre distintas cámaras de apelación. En este caso, no hay decisiones similares en discusión, lo que podría reducir el interés del tribunal. Además, su tendencia es resolver cuestiones vinculadas a la Constitución de Estados Unidos o a leyes federales, más que a temas de soberanía de naciones ajenas. El juicio hasta ahora se ha centrado en la interpretación del estatuto de la petrolera y la legislación argentina, lo que podría resultar ajeno al tribunal.
Si la Corte decidiera revisar el caso, tendría la última palabra respecto a la legalidad de la expropiación realizada en 2012.
