Más allá de las disputas políticas, esta problemática posee implicaciones macroeconómicas relevantes, ya que dificulta la expansión del crédito. Las instituciones financieras son cada vez más cautas a la hora de otorgar nuevos préstamos, lo que repercute negativamente en la demanda agregada y, en consecuencia, en la actividad económica. La situación se agrava porque un número significativo de familias podría quedar excluido del acceso al crédito por un tiempo prolongado. A continuación, se presenta un análisis de la morosidad basado en datos de una consultora.
El panorama general indica que la irregularidad en el crédito bancario al sector privado supera el 7%, cuando hace dos años se encontraba en 1,5%. En cuanto al crédito no bancario, el dato pasó de 7,5% a 30,4%. Esto se traduce en cifras que, ajustadas a la actualidad, representan aproximadamente $1,3 billones a $12,2 billones y de $0,6 a $4,6 billones respectivamente.
Las entidades bancarias reportaban cerca de $156,5 billones en créditos al sector privado no financiero, en contraste con $15,4 billones proporcionados por proveedores no financieros. Esto demuestra que los bancos financian 91 de cada 100 pesos, mientras que los proveedores no financieros cubren los 9 restantes. Sin embargo, al analizar únicamente los pesos en mora, se observa que la proporción cambia a 73 y 27 ($12 billones frente a $4,5 billones). Así, el crédito no bancario, aunque representa menos de una décima parte del total, es responsable de más de una cuarta parte de los pesos en mora.
Las tasas de interés se mantuvieron elevadas: de acuerdo a datos del Banco Central, la tasa de préstamos personales promedió 66,6% anual en junio, mientras que la de tarjetas de crédito llegó a 85,2% anual.
En términos de deudores, los números presentan una perspectiva diferente. Hay 3,68 millones de deudores en mora con proveedores no financieros, frente a 3,06 millones con bancos. En total, 5,45 millones de morosos únicos están asociados con bancos o proveedores no financieros. De estos, 2,39 millones únicamente tienen atrasos con entidades no bancarias, 1,77 millones solo con bancos y 1,28 millones con ambas.
Considerando los fideicomisos de recuperación, que adquieren carteras incobrables o ejecutan garantías, la cifra total de deudores asciende a 5,88 millones, sumando 430.522 personas con atrasos exclusivamente informados en estos instrumentos. Sin estos fideicomisos, el total de morosos sería de 5,45 millones.
En términos generales, de 21,18 millones de deudores registrados, el 27,8% presenta atrasos graves con al menos una entidad. Esto significa que más de un cuarto del total de personas con acceso al crédito enfrenta problemas de morosidad, evidenciando que la cuestión ha escalado más allá de las relaciones privadas.
El foco no radica solo en quién recibió un crédito, sino en qué sucede con aquellos que ya tenían deudas. La creciente morosidad no es un fenómeno aislado; en los doce meses previos a su primer incumplimiento, los futuros morosos incrementaron su promedio de acreedores de 2,32 a 3,34, lo que representa un aumento del 44%. En términos de deuda no bancaria, esta creció más del doble, pasando de $1 a $2,2 millones en ese período.
En contraste, quienes se mantuvieron al día solo aumentaron su cantidad de acreedores en un 12%, pasando de 1,67 a 1,87. Además, la exposición al crédito no bancario de los futuros morosos aumentó del 70,4% un año antes al 85% al momento de caer en mora.
Es fundamental destacar que tener múltiples acreedores no equivale a estar en mora con todos ellos: el 40,2% de los morosos posee un único acreedor en todo el sistema, y entre quienes tienen más de uno, el 64,9% se encuentra en mora con solo una entidad. Aunque existe el default con múltiples entidades, éste no es común, y el promedio de acreedores por deudor apenas avanzó de 1,70 a 1,92 en dos años. Así, se puede afirmar que la morosidad no resulta de la caída simultánea de todas las deudas de un individuo.
Lo que se observa es una acumulación previa de deudas. Antes de ingresar en mora, el deudor típico aumenta su nivel de endeudamiento, agrega acreedores y se apoya más en prestamistas que no son bancarios. Esta situación puede deberse a una demanda de consumo creciente, a una reducción de ingresos o a la necesidad de cubrir vencimientos anteriores.
En cuanto a la edad, la morosidad decrece con ella. La tasa mensual de ingreso en mora fue de 3,49% entre los menores de 25 años, en comparación con 0,96% entre quienes superan los 65 años, marcando una diferencia de 3,6 veces. En términos de incidencia acumulada, el 39,7% de los menores de 25 que estaban al día hace dos años han caído en mora, frente al 15,6% entre los mayores de 65.
La situación revela que el 35,8% de los menores de 25 con acceso a crédito presenta atrasos graves, en comparación con el 29,5% en el grupo de 35 a 44 años y el 15,5% en el segmento superior a 65 años. También se aprecia una variación en los saldos: la irregularidad bancaria oscila entre 28,3% y 7,5%, mientras que la no bancaria se sitúa entre 44% y 24,8% para quienes tienen entre 55 y 64 años, con un repunte a 26,2% en el grupo de mayores de 65 años.
El camino de los jóvenes hacia la morosidad es distinto. El 60,1% de los menores de 25 registra su primer incumplimiento con un proveedor no financiero, a diferencia del 47,1% de los mayores de 65. Además, los jóvenes tienden a caer en mora con todas sus posiciones irregulares: el 82,4% de los morosos en este segmento tiene toda su deuda en impago, frente al 46% de los mayores de 65, quienes mantienen al menos una obligación al día.
Sin embargo, la juventud no es el eje central del problema, ya que sus deudas suelen ser significativamente menores, promediando $280.000, en contraste con más de $1,5 millones en el grupo a partir de los 35 años. Así, los tramos intermedios son responsables de una mayor acumulación de pesos en mora. Aunque la morosidad entre los jóvenes afecta a un gran número de personas, los montos que manejan son más bajos.
Además, la deuda está altamente concentrada. El 1% más endeudado de la población acapara el 30,8% del saldo total del sistema, y el 10% más endeudado, el 64,3%. No obstante, esta desigualdad es similar entre distintos grupos de edad, lo que implica que lo que distingue a los jóvenes no es una distribución más desigual, sino un nivel de deuda mediana mucho menor.
El panorama varía según la región. En Buenos Aires, la irregularidad alcanza el 15,18% y concentra el 35% del crédito a hogares, posicionándose como la provincia más extensa y afectada. Las provincias con mayores índices de irregularidad son Santa Cruz (17,8%), La Rioja (17,1%), Catamarca (16,8%), San Luis (15,7%) y Tierra del Fuego (15,3%).
Por el contrario, las áreas rurales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentan cifras más alentadoras. La Pampa destaca con solo 6,2%, Entre Ríos con 8,5%, CABA con 8,7%, Santa Fe con 9,6% y Córdoba con 10,5%, todas por debajo del promedio de 12,4% entre personas humanas. Este análisis sugiere que el conurbano y las provincias más pequeñas atraviesan una situación más crítica que el interior productivo, un hecho que se refleja en los datos de actividad económica.
