Este proyecto se considera una de las apuestas económicas más significativas del Gobierno para el segundo semestre del año, centrado en reforzar la independencia del BCRA, prohibir el financiamiento del déficit fiscal a través de la emisión monetaria y redefinir los objetivos de la institución.
Se espera que la administración Milei presente los lineamientos de esta reforma en un mensaje grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, acompañado por el equipo económico. Posteriormente, el proyecto será enviado al Congreso con la intención de que se discuta inicialmente en el Senado.
La propuesta está siendo elaborada en conjunto por los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, dirigidos por Luis Caputo y Federico Sturzenegger, junto al presidente del BCRA, Santiago Bausili. Para la Casa Rosada, esta reforma busca proteger el programa económico y evitar que futuras administraciones utilicen al Banco Central como fuente de financiación del gasto público.
Entre los objetivos destacados se encuentran: fortalecer la independencia del BCRA, prohibir el financiamiento del déficit fiscal a través de emisión monetaria y redefinir sus metas.
La Carta Orgánica del Banco Central, que data de 1992 y es conocida como la Ley 24.144, establece el marco legal que define el funcionamiento del BCRA. Entre sus principales regulaciones, se encuentran la administración de reservas, la política monetaria y cambiaria, así como la supervisión del sistema financiero. Es fundamental en la relación entre el Banco Central y el Poder Ejecutivo.
Previo a la reforma implementada durante el gobierno kirchnerista en 2012, el foco del BCRA estaba en mantener la estabilidad monetaria. Sin embargo, la modificación amplió considerablemente sus funciones, incorporando nuevas metas relacionadas con el desarrollo económico, la equidad social, el empleo y el apoyo a las políticas del gobierno de Cristina Kirchner.
Esta reforma facilitó la asistencia del BCRA al Tesoro Nacional, permitiendo un uso más amplio de la emisión monetaria para cubrir necesidades fiscales.
Javier Milei ha cuestionado ampliamente dicha modificación, argumentando que la ampliación de los objetivos convirtió al Banco Central en una herramienta de financiamiento del déficit. En este sentido, la reforma que impulsa el Gobierno prohíbe de manera explícita que el BCRA financie el déficit fiscal mediante emisión monetaria.
Adicionalmente, se preverían otros cambios como el aumento de la independencia institucional del organismo, restricciones a la remoción de autoridades del directorio, la eliminación de utilidades contables “ficticias”, el fin del sistema de letras intransferibles y la imposición de sanciones penales para quienes infrinjan la autonomía del BCRA.
Asimismo, se contempla la introducción de un mecanismo conocido como “shutdown”, que limitaría la operatividad del Estado en caso de agotarse las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso.
Es notable el cambio de enfoque de la administración: durante su etapa como panelista y candidato, el cierre del BCRA fue una de las principales banderas de Milei. Sin embargo, ya en la presidencia, ha optado por promover una reforma institucional en lugar de un cierre total, asegurando que el Banco Central debe enfocarse en mantener el valor de la moneda y garantizar la estabilidad monetaria.
El Gobierno planea enviar el proyecto una vez concluido el receso invernal del Congreso y busca acelerar su tratamiento en la segunda mitad del año.
Recientemente, Milei se reunió con diputados y senadores de La Libertad Avanza para explicar los principios del proyecto y aclarar interrogantes antes de su presentación formal. Para la Casa Rosada, la modificación de la Carta Orgánica del BCRA representa una de las reformas económicas más significativas de su gestión y un componente clave para consolidar un marco monetario que impida el financiamiento del gasto público mediante emisión y que promueva la estabilidad a largo plazo.
