Con el inicio de las negociaciones electorales, la Fundación Pensar, vinculada al PRO macrista, emitió una contundente advertencia sobre la viabilidad del programa económico de Javier Milei. En su informe, se reconocen ciertos avances en la estabilidad de las variables macroeconómicas, aunque se destaca que el reto radica en asegurar que “el crecimiento llegue a la mayoría de la población”. Pensar es un centro de estudios que mensualmente analiza el panorama económico y político mediante diversas mediciones y opiniones. En su último documento, se señaló la heterogeneidad de la economía libertaria, evidenciando una fractura entre los sectores que se benefician del nuevo contexto y aquellos que han visto reducir su capacidad de consumo debido al ajuste. Según Pensar, la extraña paradoja del momento es que “los números mejoran más rápido que la vida cotidiana”. En este sentido, alertaron que el Gobierno no se enfrenta únicamente al desafío de demostrar el ordenamiento de la macroeconomía, sino a la necesidad de que cada grupo social perciba que el programa también les beneficia. El informe, titulado Atrápame si puedes – Parte II, clasifica a la sociedad en cuatro grandes sectores. Los “ganadores tempranos” incluyen a quienes poseen activos, dólares, propiedades, altos ingresos o están inserciones en sectores dinámicos. Este grupo se compone de aquellos que ya disfrutaban de una situación económica favorable al inicio del gobierno libertario. A continuación, el informe identifica a la clase media formal privada, jóvenes, trabajadores registrados y sectores del interior productivo como “esperadores”. En el tercer grupo, denominado “ajustados”, se encuentra la clase media baja: “Son sectores que no cayeron necesariamente en la pobreza, pero perdieron su nivel de vida. La clase media baja es el caso central: demasiado ‘rica’ para recibir asistencia, demasiado pobre para estar tranquila”, señala el informe. Por último, entre los “perdedores directos” se incluyen jubilados de la mínima, empleados públicos, trabajadores informales, familias en situación de pobreza con niños, sectores del conurbano y trabajadores del mercado interno. El análisis de la Fundación Pensar no cuestiona el objetivo de estabilizar la economía. En el documento, se señala que el Gobierno ha logrado ordenar algunas variables macroeconómicas, disminuir la inflación, mantener disciplina fiscal y mejorar las expectativas. No obstante, se sostiene que estos logros aún no se reflejan en una recuperación social equitativa. En su evaluación, el estudio indica que la primera fase del programa evitó el colapso económico, mientras que la segunda será más desafiante desde lo político, ya que requiere transformar la estabilización en bienestar. La advertencia del informe resalta que una recuperación puede ser estadísticamente efectiva, pero políticamente insuficiente si la clase media baja sigue ajustada, los jubilados permanecen insatisfechos, los trabajadores informales carecen de protección, los jóvenes no logran independizarse y el conurbano no experimenta mejoras en su calidad de vida. “La pregunta ya no es solamente: ¿está funcionando el modelo? La cuestión social es: ¿para quién está funcionando?”, plantea el documento. Uno de los hallazgos clave del informe es el crecimiento del endeudamiento familiar. Según el estudio, la carga de la deuda de los hogares alcanzó el nivel más alto en veinte años, según los registros del Banco Central. El informe apunta que el aumento se centra en tarjetas de crédito y préstamos personales, mientras que el crédito hipotecario y prendario sigue siendo limitado. Dicho estudio aclara que la deuda no se destina principalmente a la adquisición de viviendas, financiación de vehículos o construcción de patrimonio, sino a gastos de corto plazo para mantener el consumo y cubrir necesidades diarias. “La tarjeta y los préstamos personales se utilizan cada vez más como un complemento del salario”, sostiene el informe, que advierte que la recuperación del crédito no debe interpretarse automáticamente como un signo de prosperidad. Según el estudio, la expansión del financiamiento puede indicar normalización y mayor confianza, pero también refleja la falta de margen en los presupuestos familiares. “El crédito ha regresado, pero, por ahora, se trata más de crédito para sostener el consumo que para construir un futuro”, concluyó. La presión sobre los hogares también se hace evidente en la comparación entre ingresos y costo de vida. Según el informe, el ingreso promedio de la población ocupada fue de $1.104.227 en el primer trimestre de 2026, mientras que la mediana fue de $900.000. Además, una familia de cuatro integrantes en el Gran Buenos Aires necesitó $1.531.472,91 en junio para no caer en la pobreza. Esta disparidad obliga a muchos hogares a depender de dos ingresos, a sumar actividades complementarias o a recurrir al endeudamiento para sobrevivir. El informe también incluye una reflexión del ex ministro de Economía Hernán Lacunza, quien advirtió sobre el impacto desigual del ajuste y la urgencia de atender sus consecuencias sociales. “Tras décadas de andar errante, el norte importa. Pero también el camino”, afirmó Lacunza. En su análisis, subrayó que un programa de desarrollo debe conjugar estabilidad y crecimiento con empleo, ingresos y una continuidad política. Según el economista, los sectores productivos en ascenso —agro, energía y minería— generan conjuntamente alrededor de 250.000 empleos directos, tanto formales como informales. En contraste, la industria manufacturera y la construcción emplean casi 4 millones de trabajadores, mientras que el comercio concentra otros 4 millones. Lacunza comentó que entre 2023 y 2025, el empleo total permaneció prácticamente estable, con un aumento del 0,3%. Sin embargo, se registraron 310.000 asalariados formales menos, un incremento de 70.000 trabajadores informales y 300.000 nuevos cuentapropistas. El ex ministro también criticó la forma en la que se distribuye el ajuste. “La ‘casta’ es un recurso retórico eficiente, pero inmune a la motosierra”, escribió. Luego añadió que “a la hora de sanear, la motosierra no distingue”. Indicó que entre finales de 2023 y la primera mitad de 2026, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo duplicaron su prestación, pero los jubilados que reciben el bono complementario sufrieron una disminución del 15% en sus haberes, los empleados públicos vieron una caída del 17% en el salario real y los docentes universitarios del 26%. Además, dijo que la obra pública se redujo en un 80%, representando solo el 0,3% del Producto Bruto Interno. “Hemos sido testigos de demasiados intentos de desarrollo que comenzaron bien, pero finalizaron mal”, advirtió Lacunza, instando a no ignorar las alertas sociales durante la implementación del programa. El análisis situó a los jubilados como uno de los sectores más desfavorecidos y de mayor riesgo para el Gobierno. El estudio precisó que la movilidad mensual protege los haberes frente a la inflación futura, pero apuntó que el bono se ha convertido en un ingreso estructural para aquellos que cobran la mínima. Según el documento, en julio de 2026, quienes recibían la jubilación mínima más el bono de $70.000 cobraban $481.989,33. El informe indica que el ajuste sobre este sector tiene un impacto político y simbólico particular, dado que los adultos mayores carecen de la posibilidad de esperar que los beneficios del modelo se materialicen en el futuro. “El jubilado no puede esperar que el futuro llegue”, resumió el estudio. Además, se observó que la informalidad laboral alcanzó el 44,2% de los ocupados en el primer trimestre de 2026, aumentando 2,2 puntos respecto al año anterior. Según el informe, la disminución de la inflación beneficia a los trabajadores informales, pero no soluciona la inestabilidad de los ingresos, la falta de aportes, la ausencia de cobertura y la incertidumbre sobre la disponibilidad de empleo. Asimismo, se indicó que la tasa de desempleo fue del 7,8% en el primer trimestre, mientras que la subocupación llegó al 11,1% y aquellos ocupados que buscaban otro empleo representaron el 15,8%. El documento sostiene que el malestar laboral no se explica únicamente por quienes carecen de empleo, sino también por aquellos que necesitan incrementar horas de trabajo, realizar changas o buscar una segunda actividad. En el caso de los empleados públicos, el informe señala una situación desfavorable tanto en términos materiales como simbólicos. Según el estudio, el salario público experimentó un incremento del 1,5% mensual en mayo de 2026, cifra que se sitúa por debajo del aumento general de salarios, que fue del 2,2%, y del sector privado no registrado, que creció un 3,5%. En términos interanuales, el salario del sector público avanzó un 27,4%, en contraste con el 35,9% del índice general. El documento subraya que los empleados estatales han enfrentado una doble pérdida: tanto en poder adquisitivo como en reconocimiento social. La Fundación Pensar posicionó a la clase media baja como uno de los segmentos más relevantes para comprender el clima social. Según el informe, aunque no es el grupo más empobrecido, es uno de los más afectados, ya que no siempre accede a asistencia, carece de activos para protegerse y presenta escaso margen de ahorro. El estudio resalta que este segmento ajusta consumos, pospone reparaciones, cambia marcas, reduce salidas y vacaciones, utiliza más la tarjeta y gestiona su consumo de manera defensiva. El documento indica que la clase media baja no compara su situación actual exclusivamente con la crisis de 2024, sino también con sus propias esperanzas de mejoras: ahorrar, cambiar de automóvil, viajar, mantener la prepaga, cubrir gastos escolares o arreglar su vivienda. La situación de este grupo se resume en una fórmula: “demasiado rica para ser asistida, demasiado pobre para estar tranquila”. Para la clase media formal privada, el saldo es mixto. El estudio señala que este sector puede reconocer la disminución de la inflación, la estabilización y una recuperación parcial de los salarios, aunque todavía no logra restablecer su nivel de vida. Según el informe, el salario privado registrado creció un 2% mensual en mayo y acumuló un incremento del 12,3% desde diciembre de 2025. Sin embargo, se enfatiza que este grupo sigue condicionado por altos costos en alquileres, expensas, educación, salud, transporte, supermercado y la dificultad para ahorrar.
