El Gobierno estableció en el Presupuesto 2027 un listado de obras estratégicas que se llevarán a cabo en los próximos tres años, en un esfuerzo por reactivar la actividad económica con una mínima intervención estatal. Se reafirma así la política de austeridad, que continuará marcando la pauta incluso en un año electoral. Las obras a realizar deben estar en línea con la consigna de “eficiencia y priorización del gasto”, que ha regido desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En este contexto, el fomento al sector privado se acentúa con la inclusión en el Presupuesto 2027 de incentivos para los nuevos concesionarios de las rutas nacionales. Se propone reducir impuestos a quienes realicen mejoras o ampliaciones en los 9000 kilómetros de red vial recientemente adjudicados. Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ) destacó que el proyecto oficial “consolida el esquema de obra pública iniciado en 2024, basado en una reducción de la participación directa del Estado nacional, la transferencia de proyectos a provincias y municipios y una mayor participación del sector privado”. Según el mensaje del proyecto oficial, de las 2339 obras que estaban previstas o en marcha en diciembre de 2023, 1683 fueron dadas de baja o se encuentran en procesos de rescisión. Solo 199 quedan bajo gestión directa del Gobierno nacional, con 457 transferidas o en proceso de transferencia. En este sentido, ACIJ indica que para 2027, el nivel de gasto de capital destinado a infraestructura se ubicará un 80% por debajo de los niveles de 2023, disminuyendo de $18,4 billones a $5,1 billones en 2024. “A pesar de una leve recuperación respecto de 2026, el gasto en infraestructura se mantiene en niveles históricamente bajos”, se señala en el análisis. El artículo 67 del proyecto de Presupuesto 2027 establece un régimen para los nuevos concesionarios de rutas nacionales que incluye la amortización acelerada de inversiones, el reintegro o crédito fiscal de IVA, y la posibilidad de computar el 100% del impuesto al cheque como pago a cuenta de otros tributos y contribuciones, siempre que las provincias otorguen exenciones de Ingresos Brutos y Sellos. “Parte del apoyo estatal a la infraestructura deja de adoptar la forma de gasto presupuestario directo y pasa a canalizarse mediante gastos tributarios asociados a la inversión privada”, sostiene ACIJ. El Gobierno contempla en el presupuesto 67 obras públicas en diversas provincias, que incluyen proyectos de rutas, represas, puentes, acueductos, saneamiento, viviendas, infraestructura ferroviaria y edificios públicos. El costo total de estas obras, que tendrá impacto en ejercicios futuros, se estima en alrededor de $1,36 billones, con compromisos que se extenderán a 2028, 2029 y años subsiguientes. Entre los principales proyectos asignados para el ejercicio fiscal de 2027 se encuentra el correspondiente a la Malla CREMA 405A (Ruta Provincial 13 – General Pinedo – Quimilí), por $16.029,6 millones (Chaco-Santiago del Estero); la Readecuación y Refuncionalización Integral de la Morgue Judicial (Etapa I) por $9164,8 millones (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); y el Acueducto y dos Plantas Potabilizadoras Quirós-Frías por $8.098,5 millones (Catamarca-Santiago del Estero, con crédito BID).
